Así se expresó De la Rocha en un diálogo online organizado por Servimedia sobre 'Los retos del Plan Europeo de Recuperación', con la colaboración de PwC, en el que participaron también el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa; y la socia de PwC y líder de la Oficina de Fondos Europeos, Silvia Lacarra.

De la Rocha advirtió a las empresas de que el enfoque con los fondos europeos “no es cuánto dinero me voy a llevar, es cuánto estoy dispuesto a aportar porque la clave es movilizar fondos privados”. “Todos los proyectos tendrán que pasar por las convocatorias y cumplir los tiempos y criterios”, afirmó al aducir que eso no es incompatible con que desde el Gobierno se inste a algunas empresas a presentar determinados proyectos.

Sobre el momento en que se abrirán las convocatorias, explicó que el objetivo es hacerlo una vez estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que recogen las distintas partidas de inversión. Sin embargo, advirtió de que también es necesario contar con la aprobación de la Comisión Europea antes de hacerlo, ya que España va a adelantar estos fondos y no lo hará si no tiene la certeza de que serán después aportados por Europa.

De hecho, La Moncloa no descarta que la llegada de los fondos se pueda retrasar incluso hasta verano si las reticencias de Polonia y Hungría a la aprobación de este programa de ayuda se prolongan. En todo caso, aseguró que “a efectos de las empresas el plan de recuperación arranca con la aprobación de los presupuestos y por eso es tan importante que se aprueben, ya que Bruselas permite cierta retroactividad de los fondos antes de aprobarlo”. En concreto, detalló que se podrán cargar fondos desde el 2 de febrero.

Por otro lado, De la Rocha confirmó que el Gobierno va a aprobar antes de que termine 2020 el real decreto para agilizar el proceso de concesión y permitir una mayor cooperación con la iniciativa privada y pidió a las comunidades autónomas que aprueben normas similares que actúen como espejo.

El responsable económico de La Moncloa se refirió también al papel que jugarán las comunidades autónomas en la gestión de estas ayudas. Según indicó, tendrán presencia en los planes de competencia exclusiva y en los compartidos con el Gobierno central. Estimó que, teniendo en cuenta este factor, en el primer reparto territorializado de las ayudas, las autonomías alcanzarán una participación del entorno del 50%.

INVERSIÓN DEL GOBIERNO

Otro aspecto tratado por De la Rocha fue la posible participación del Gobierno como inversor en algunos proyectos estratégicos relacionados con tecnologías que aún están muy poco maduras, como puede ser el hidrógeno verde.

Para ello, los distintos ministerios están abriendo procesos de consulta pública bajo la denominación de ‘call for interest’ para determinar si existen empresas dispuestas a apostar por este tipo de proyectos que podrían verse favorecidas por estas inversiones del Gobierno, que también tratarían de captar fondos privados adicionales.

REFORMAS

Por su parte, el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, resaltó que “esta es una gran oportunidad para llevar a cabo proyectos realmente transformadores que tengan un impacto positivo, tanto en los servicios públicos como en nuestra economía, que sirvan para esa recuperación post Covid”, aunque criticó la escasa información que les llega por parte del Ejecutivo central sobre el calendario y la metodología para la asignación de los recursos.

Sobre los trabajos de la Comunidad, Lasquetty indicó que se trabaja “en las palancas” que definió el Gobierno central en septiembre pero especialmente en “las recomendaciones específicas de país”, al considerar que es “una oportunidad para hacer reformas”. “Esta es una comunidad que no tiene miedo a las reformas”, declaró para acto seguido indicar que la intención es desarrollar actuaciones públicas, privadas y público-privadas.

En cuanto a las áreas en las que se trabaja, apuntó al sector energético; la movilidad sostenible e inteligente; modelo energético sostenible y eficiente, por ejemplo a través de la rehabilitación de vivienda y edificios públicos; capacidad de resiliencia del sistema sanitario a través del modelo asistencial, control epidemiológico y la medicina personalizada y digital; competencias educativas; y transformación digital de la administración.

Asimismo, el representante de la Comunidad de Madrid puso énfasis en la necesidad de aprovechar los fondos para acometer reformas para que los fondos tengan “mucho más impacto y capacidad tractora”, pero “con reformas que no hagan más rígido el país” sino que “metan los incentivos en la dirección de la creatividad, la innovación, el talento y la inversión”.

En términos similares se expresó Fernández de Mesa, que advirtió que los fondos europeos “son una oportunidad” pero que “no nos van a resolver todos nuestros problemas, sino a ayudar a hacer las reformas que se necesitan” y que “no servirán de nada si no se hacen las reformas”.

Así, apuntó a retos de la economía española como la “inaceptable” tasa de desempleo, los “inasumibles” niveles de deuda y déficit públicos, y un “muy significativo endeudamiento exterior”. Por otro lado, destacó fortalezas como “un sistema financiero muy potente y saneado, un endeudamiento privado en niveles aceptables pese a haber aumentado por la crisis del Covid, un sistema exportador fuerte y buenas infraestructuras”.

Por ello, el representante de la patronal, que afirmó que “la música suena muy bien pero hay que ponerle letras”, recomendó acometer diversas reformas para tener “instituciones sólidas y sostenibilidad jurídica” en cuanto a cuestiones básicas como el cumplimiento de los contratos y el pago de las deudas.

También destacó tener un sistema fiscal “eficiente y que no sea distorsionador”, una reforma de la administración pública para un uso más eficiente de los recursos, la reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad, una reforma sociolaboral, y una apuesta por la educación, la formación y la innovación.

Además, abogó por las desgravaciones fiscales en lugar de inversiones directas y por dar prioridad al sector privado en la asignación de los fondos, destinándole dos tercios de los mismos para lograr un mayor efecto tractor en la economía y lograr mayor inversión privada, y también hacer inversiones públicas que mejoren la productividad, como en la transformación digital.

Por último, Silvia Lacarra destacó que existe entre las empresas “mucho Apetito inversor” en relación con las ayudas, por lo que concluyó que lo importante es que “haya suficientes recursos para dar cabida a todos los proyectos que encajen para que se produzca ese efecto multiplicador”.

También pidió que los mecanismos de asignación de las ayudas que articule el Gobierno sean ágiles y que se eliminen trabas administrativas para que los fondos sean fáciles de canalizar.