Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de los grupos proponentes, que retiraron la enmienda al límite del plazo para hacerlo, el que marca el inicio de las votaciones telemáticas de tales modificaciones al proyecto de cuentas públicas.

Unidas Podemos da así por bueno el acuerdo al que se llegó dentro del Gobierno de abordar esta paralización de desahucios y cortes de suministros y adoptar alguna medida en un plazo máximo de dos semanas, según la versión del vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ayer, en rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello declaró que en el grupo parlamentario estaban “abiertos a negociar” la retirada de la enmienda, desde la premisa de que lo importante es que se lleve a cabo y un decreto gubernamental también lo haría posible.

El también secretario primero de la Mesa señaló que “lo importante es conseguir el objetivo”, ya se logre por vía ejecutiva o legislativa. En ese sentido, dio por ”conseguida esa regulación” con el compromiso de abordarla en el seno del Ejecutivo, aunque nadie del PSOE lo ha confirmado en público.

El diputado de En Comú Podem recordó que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha aprobado una regulación al respecto, con los votos también del PSC, y en ese sentido dijo esperar que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, último responsable de aplicar una normativa contra los desahucios, “se haga eco de este clamor social”.

ERC Y EH BILDU

Por su parte, ERC y EH Bildu explicaron este martes después de la retirada de la enmienda conjunta que habían accedido a ello "para no interferir en las negociaciones del nuevo decreto y dar la opción a Unidas Podemos a que siga negociando desde dentro del Gobierno la prohibición de los desahucios y cortes de suministros básicos en la mayor brevedad posible". De hecho, aseguran que "valoran positivamente" que el Ejecutivo vaya a aprobar ese decreto

Sin embargo, "al considerar que los pasos dados hasta ahora son del todo insuficientes y no van a la velocidad que requiere la situación", los dos partidos independentistas han decidido mantener sus propias enmiendas sobre los desahucios, que se someterán a votación en las próximas horas, con el objetivo de seguir presionando desde el Congreso.

De hecho, atribuyen al "empuje y la presión de las tres fuerzas de izquierdas durante las últimas semanas" que "el PSOE se haya visto obligado a asumir sus exigencias y esté dispuesto ahora a adoptar ciertos compromisos en ese sentido.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron conjuntamente dos enmiendas similares al proyecto de Presupuestos, numeradas como 3.788 y 3.789, que, de haberse mantenido y aprobadas, habrían añadido sendas disposiciones finales a los Presupuestos. La primera habría modificado la Ley de 2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El artículo 1 de esa norma habría establecido que "hasta transcurridos 11 años desde la entrada en vigor de esta ley no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica, la vivienda habitual de personas que no tengan alternativa habitacional". La motivación de la enmienda ratificaba esa extensión de la prohibición "hasta el 15 de mayo de 2024".

La otra enmienda habría modificado el decreto del 31 de marzo pasado, de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social para hacer frente al Covid-19, el que prohibió inicialmente los desahucios y cortes de suministros. Lo modificaba para prolongar “hasta el 31 de marzo de 2022” la suspensión de “cualquier resolución judicial firme del procedimiento del desahucio” si es por impago de renta o el inquilino no tiene alternativa habitacional, y la garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua”.