La Policía remitió su petición al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el pasado 24 de noviembre argumentando que necesita estas nuevas pesquisas para “concretar” los indicios que tiene de irregularidades en ciertas contrataciones adjudicadas por distintos ministerios y entes públicos a donantes del PP.

En concreto, solicita investigar contrataciones de cinco ministerios (Fomento, Defensa, Interior, Medio Ambiente y Educación) y de ADIF, AENA, Renfe, Turespaña, la Conferencia Hidrográfica del Tajo, la Agencia Tributaria, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y la Entidad Pública Empresarial de Suelo, todas ellas entidades públicas.

La UDEF deduce indicios delictivos del contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral sobre la Época I de la trama 'Gürtel' por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama, Francisco Correa. La investigación se centrará en comprobar si esas adjudicaciones de obra pública se hicieron “a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador” para que las elegidas fueran empresas donantes del PP.

García Pozuelo, propietario de la Constructora Hispánica, dijo en el juicio que había entregado a Correa cantidades cuyo destino eran distintos organismos. Correa actuaba en esa trama como intermediario entre los empresarios y el extesorero del PP Luis Bárcenas. Si las operaciones se cerraban con éxito, había comisiones que repartían entre los participantes directos en la operación y el Partido Popular.

La Policía explica en su escrito de 42 páginas que fue el propio Bárcenas el que reconoció la entrega de distintas cantidades de dinero por García Pozuelo al entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta, y que estos movimientos eran consignados en una contabilidad extraoficial denominada `caja B´, que es la que ahora se quiere comprobar.

En la sentencia del juicio por la Época I de 'Gürtel' se menciona que Correa reconoció esa labor de intermediación de García Pozuelo para que pudiera hacerse con la adjudicación de distintas obras en carreteras, autopistas, dotaciones para el AVE o relacionadas con el medio ambiente.

Según su testimonio que recoge el fallo, su contacto en el PP era el extesorero Luis Bárcenas que era, según esa versión, quien gestionaba las adjudicaciones con los departamentos ministeriales correspondientes. En caso de materializarse la adjudicación “el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía”.