Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social consultados por Servimedia, el plazo medio para reconocer las prestaciones y poder abonarlas fue de 5,98 días el pasado mes de septiembre, última cifra disponible, con un crecimiento del 349,6% respecto al del mismo mes del año anterior (1,33 días).

Este plazo se situó en 1,07 días en marzo, subió a los 2,73 días en abril, siguió al alza en mayo en los 2,77 días, bajó a los 2,72 en junio y volvió a subir en julio (3,21), agosto (4,6) y septiembre (5,98).

En marzo, el Ejecutivo puso en marcha de acuerdo con los agentes sociales los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con condiciones especiales para enfrentar la pandemia y su impacto en el empleo.

Hasta 3,4 millones de trabajadores se vieron cubiertos por los ERTE en los peores momentos de la primera ola y al cierre de octubre quedaban en ellos 599.350 trabajadores. A esta cifra habría que añadir la de los afectados por la última prórroga de los ERTE aprobada en septiembre y en la que se introdujeron nuevos tipos de expedientes. Al respecto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanzó en Twitter la semana pasada que estos ERTE han afectado hasta ese momento a 323.482 trabajadores.

Además, también se crearon nuevos subsidios a gestionar por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para las empleadas de hogar, los trabajadores temporales, los artistas, los trabajadores del mundo de la cultura o de la tauromaquia, que se hayan visto afectados por la pandemia. A esto se suma que el paro registrado se ha incrementado en 579.996 personas desde febrero.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta semana la adjudicación de un contrato para revisar las aplicaciones informáticas y detectar problemas que puedan producirse en la gestión de las prestaciones del SEPE.

El sindicato CSIF ha advertido de que los sistemas informáticos de este organismo tienen una antigüedad media de 30 años y en la última década se han perdido 3.400 efectivos en el SEPE, hasta quedar la cifra total en 8.000 empleados públicos.