Así lo concluyen los autores del último ‘Cuadernos de Información Económica’, divulgado este jueves por Funcas, y donde señalan la pérdida de terreno en los últimos años ya que el PIB per cápita había llegado a alcanzar un 98% de la media de la UE en el año 2003 para caer después, estando en el 90% desde el 2016.

A esta situación se suma el impacto de la pandemia, si bien los autores del informe estiman que la implementación del programa Next Generation EU (NGEU) supone una gran oportunidad para revertir esas limitaciones estructurales y, en último término, para relanzar los procesos de convergencia en la UE.

El doctor en economía y profesor del ESCI-UPF, Ramon Xifré, señala en la publicación que la falta de convergencia de España respecto a la media de la UE se manifiesta en indicadores como el porcentaje de población empleada, la intensidad inversora en I+D, pública y especialmente privada, y la ratio de deuda pública sobre PIB. También la observa en progresos más lentos de otros factores, como la reducción en la tasa de abandono escolar y el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social.

Para Xifré se debe, por ello, dedicar especial atención a la administración de los fondos europeos, alcanzando consensos políticos y sociales y mejorando la capacidad de gestión con las reformas administrativas necesarias. Admite, en cualquier caso potenciales demoras frente a los estímulos que requerirá la economía en los primeros compases del 2021 por la propia naturaleza de los fondos, el retraso en la tramitación y su orientación en términos de reformas a medio.

Por su parte los economistas José Félix Sanz y Desiderio Romero analizan el sistema fiscal español, concluyendo que, con una racionalización de los beneficios fiscales, España podría tener un sistema fiscal más eficiente y más simple, consiguiendo además una mayor recaudación.

Según la Agencia Tributaria, el IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades han supuesto aproximadamente el 85% del total de ingresos tributarios de los últimos años y, según el estudio de ambos expertos, los gastos fiscales de los tres superarían los 77.000 millones de euros anuales (el 6,2% del PIB de 2019).

De ese total un 61% corresponde a deducciones en el IVA, un 36% al IRPF y el 3% restante a las deducciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades, aunque aquí precisan que no son datos concluyentes al carecer de información tan rica como sí la hay para los otros tributos.

Conforme a sus estimaciones, las exenciones en el IVA dan lugar a una pérdida potencial de recaudación de cerca de 18.000 millones, mientras que los tipos reducidos y superreducidos suponen beneficios fiscales por importe de más de 29.000 millones de euros.