“Debemos envejecer en nuestro entorno, fomentar la autonomía personal y la dignidad de las personas; debemos alejarnos del modelo actual, donde a las personas mayores se les trata como meros objetos y sólo se cubren sus necesidades básicas”, dijo la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido, quien defendió la iniciativa en la Comisión de Derechos Sociales.

Según la proposición, que se ha aprobado con 19 votos a favor, seis en contra y 11 abstenciones, “son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, donde ha ido creciendo el peso de las grandes empresas en detrimento de las entidades del Tercer Sector”, a las que pretende potenciar esta iniciativa, según dijo la diputada proponente.

Y es que “el desarrollo más reciente del sistema de residencias se inserta en una corriente hegemónica, la llamada colaboración público-privada, que se ha usado para poner recursos públicos al servicio de entidades privadas que acumulan beneficios prestando estos servicios”, señala la PNL.

De hecho, el Gobierno ya presentó un plan de choque para el Sistema de Atención a la Dependencia para dotarlo con 600 millones de euros más, y que focaliza en la teleasistencia y la profesionalización de los cuidados, al tiempo que pretende tener a residencias más pequeñas.

En concreto, el Ejecutivo tiene intención de invertir 1.400 millones de euros esta legislatura en nuevos equipamientos para cuidados de larga duración como residencias, centros de día o viviendas adaptadas para tender a un modelo con centros “más pequeños” y que potencie la teleasistencia y la digitalización.

Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez rechazó la propuesta por la mención a la colaboración público privada, que considera “un sello ideológico innecesario”, aunque “compartimos que el sistema de atención a los mayores tiene carencias”. Y es que “nuestro modelo de cuidados no funciona, y no lo hace porque no hacemos un uso adecuado del mismo. Las residencias han sido utilizadas como cajón de sastre con una falta de rumbo”.

Asimismo, manifestó que “hace falta reconocimiento y condiciones dignas” para quienes se dedican a los cuidados, así como “medios adecuados de protección”. “Compartimos casi todo, pero no todo. Ustedes deslizan responsabilidades a los centros públicos de gestión indirecta (concertados) y criminalizarlos es una irresponsabilidad”, añadió.

Desde el PP, José Ortiz denunció que el vicepresidente Pablo Iglesias “no ha hecho absolutamente nada en plena pandemia cuando tantas personas mayores se infectaron en las residencias”, al tiempo que trasladó a Podemos que “hace falta gestión, no política”, por lo que les instó a que “dejen la pancarta”, pues “ustedes ya son casta”.

La diputada socialista Fuensanta Lima reconoció que “esta pandemia nos hace replantearnos si es correcto en modelo con el que contamos” en las residencias y “tratar de forma integral lo más importante, la persona”.

En este sentido, presentó una enmienda aprobada que señala la necesidad de “seguir desarrollando la ley de dependencia, dotándola presupuestariamente” hasta llegar al 50% de financiación por parte del Estado. “Somos honestos y queremos ser lógicos”, añadió.

Desde Bildu, la parlamentaria Merxte Aizpurua afeó que “las residencias se han convertido en un hibrido de residencias, hospital y hotel”, mientras que Genis Boadella, del Grupo Plural, dijo que “el modelo no ha funcionado y tiene sus carencias”, aunque defendió la colaboración público-privada. A su juicio, la mención en este sentido “desautoriza mucho el debate serio”.

Por Vox, María de los Reyes Romero mostró su oposición a la iniciativa, defendió la iniciativa privada en la gestión de residencias y añadió que las residencias de mayores “no son centros medicalizados”.