Así, además de otras medidas como la ampliación hasta marzo de 2021 de la exoneración de las cotizaciones sociales de los autónomos o la creación de un comité bilateral para estudiar una reforma fiscal y de un grupo de expertos para reformar el impuesto de Patrimonio, Rufián destacó que el punto “más importante” del preacuerdo es este “fin al 155 financiero aplicado por Rajoy y Montoro desde 2015”.

Para Rufián, esto supondrá “el fin a una etapa negra para el día a día de la gente en Cataluña”, ya que “con este preacuerdo acaba la tutela y el abuso austericida, injusto e ideológico de los ministerios de Hacienda a la economía catalana”. Asimismo, destacó que la medida “liberará y potenciará herramientas sociales para el futuro Gobierno de la Generalitat surgido de las urnas el 14 de febrero y que se enfrentará la crisis económica más importante de nuestro tiempo”.

Preguntado sobre cuándo se hará efectivo el levantamiento del control financiero a la Generalitat, Rufián indicó que como Cataluña no tendrá en breve un Gobierno hasta que no tengan lugar las elecciones autonómicas del 14 de febrero, espera que al menos sea a partir de dicha fecha cuando ya estará todo cerrado y recordó que el cese del control se tiene que dar a través de una orden del Ministerio de Hacienda.

CINCO AÑOS DE CONTROL

Precisamente la pasada semana, el día 20 de noviembre, se cumplieron cinco años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro entonces como ministro de Hacienda y Función Pública, aprobó el control mensual por parte de Hacienda del Presupuesto de la Generalitat de Cataluña para garantizar que no destinase dinero al proceso independentista.

Este mecanismo, realizado a través de un interventor, fue aprobado el 20 de noviembre de 2015 en un Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Aquel día, Montoro explicó que con este control se garantizaría que la Generalitat no destinaría “ni un solo euro contra las leyes y la Constitución”.

La decisión fue tomada después de que el 9 de noviembre de 2015 el Parlament de Catalunya aprobara una resolución para iniciar el proceso de desconexión de España, que fue recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y suspendida al ser admitida a trámite.

De esa forma, el control pasó a ejercerse sobre todo el Presupuesto de la Generalitat y no sólo sobre el plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como ocurría hasta entonces.

La semana pasada, ante el cumplimiento de los cinco años en vigor de este control, fuentes del actual Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, confirmaron a Servimedia que el control reforzado sobre las cuentas de la Generalitat sigue vigente en los mismos términos, ya que fue aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) y tiene que ser levantado por esta misma Comisión.

Este martes, tras el anuncio de Rufián, fuentes de Hacienda señalaron a Servimedia que el 'procés' ya terminó y que, por tanto, en la actualidad no se ha detectado ningún riesgo para proceder al levantamiento del control, además de resaltar que, en un contexto de suspensión de reglas fiscales, se entiende que tiene sentido levantar ese control que se aprobó en 2015 en una situación muy distinta.

En cualquier caso, desde Hacienda subrayaron que el hecho de que no haya un control reforzado no significa que no exista uno de las cuentas autonómicas a través del interventor, como ocurre con todas las cuentas públicas, o que no estén obligadas a cumplir con la legalidad vigente, por lo que los recursos se deben destinar a financiar los servicios públicos esenciales en Cataluña.

Para realizar este control reforzado, la Intervención General de la Generalitat tiene la obligación de remitir mensualmente una certificación de que los gastos de la Generalitat se destinan a las partidas previstas y no se desvían para otros fines independentistas. Además, esta obligación de información condiciona las autorizaciones del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo.

En concreto, el control se ejecuta a través de un interventor que debe dar cuenta mensualmente de a qué se destina cada euro del Presupuesto catalán y remite un certificado inicial, en 10 días, donde queda constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña.

A partir de esta información pueden ponerse en marcha los pagos que se ajustan estrictamente a lo previsto en este acuerdo y para garantizar su cumplimiento el interventor general facilita mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior.

Desde entonces, el control ha seguido vigente tanto durante el resto del mandato de Mariano Rajoy como con el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez en solitario y ahora con el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, ambos con María Jesús Montero como ministra de Hacienda.

Además, en julio de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó dicho control, obligando a la Generalitat a informar de forma semanal para verificar que no destinaban recursos a actividades vinculadas directa o indirectamente a la consulta soberanista que tuvo lugar el 1 de octubre de ese año.

Por último, con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno también pasó a controlar de forma previa las cuentas de la Generalitat a través de sus órdenes de pago en las entidades financieras. Sin embargo, dicho control previo se desactivó en junio de 2018 tras el levantamiento del artículo 155.