El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno así como a la Asamblea Regional y al Gobierno de la Región de Murcia con el fin de que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Los diputados recurrentes consideran que la norma es contraria al artículo 9.3 de la Constitución; a las competencias estatales establecidas en los números 1, 8, 13, 22 y 23 del artículo 149.1 de la Constitución y al contenido esencial de los derechos a la propiedad (artículo 33) y a la libre empresa (artículo 38).

La ley fue aprobada en la Asamblea Regional con el apoyo de PP, PSOE y Cs el pasado mes de julio y según la formación liderada por Santiago Abascal ataca "de forma directa y sin paliativos a los agricultores". A su entender “los aliados de Sánchez e Iglesias” solo pretenden “criminalizar a la agricultura de Murcia y arruinarla".

El recurso sostiene que la ley afecta al derecho de propiedad y libertad de empresa porque impone limitaciones e impone prohibiciones a los agricultores que no pueden ser acordadas por la Comunidad Autónoma. También afecta a la planificación hidrológica y al dominio público marítimo terrestre que son competencia del Estado. Indica también que la ley quiebra el necesario equilibrio entre medio ambiente y la actividad socio económica, todos ellos derechos defendidos en la Constitución.