Esta comisión, "de vocación eminentemente práctica", surge tras años de acciones legales en tribunales nacionales e internacionales de diferentes órdenes, defendiendo la Libertad de Educación, y en la antesala de la aprobación definitiva de la reforma educativa de la Lomloe, conocida como 'ley Celaá'. Cuenta con la adhesión de entidades como el CEU, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, YoLibre.com y la Fundacion Educatio Servanda.

Los miembros de la comisión, integrada por varios despachos de abogados de toda España que llevan años defendiendo ante los tribunales la libertad educativa, consideran que la libertad de educación en España atraviesa "una grave situación".

Su objetivo es "coordinar el conjunto de las acciones legales que se van a plantear a partir de ahora a nivel autonómico y nacional, a fin de exigir el escrupuloso cumplimiento de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, así como la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".

La comisión difiende el modelo educativo que recoge el artículo 27 de la Constitución y advierte en un comunicado de que "no escatimará esfuerzos ni recursos en acudir y recurrir ante las instancias que correspondan y ante tribunales de cualquier orden, ya sean nacionales, europeos o internacionales, para exigir el respeto al derecho fundamental a la libertad de Educación".

La organización ('www.educacionporderecho.com') defiende que "la libertad de educación es de los padres, el derecho a la educación es de los niños, y la obligación de garantizarlos, del Estado. No existe ni la libertad ni el derecho a la educación por el Estado".