Así lo dijo este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria que los obispos españoles han celebrado esta semana de forma híbrida por las medidas anti Covid-19.

Argüello puntualizó, no obstante, que ese extremo de acudir a la Justicia no se producirá hasta que se manifieste esa incostitucionalidad y que mientras insistirán en seguir la recomendación del Papa de promover un Pacto Global en Educación.

En este contexto, el portavoz señaló que "es bastaste contradictorio" que el Gobierno apoyase la propuesta de Francisco y que "luego, en lo local" no haga "lo posible" para que ese pacto se dé o entienda "que ya se realiza porque se ha pactado con los afines". "La ley va consolidándose, pero mientras la tramitación esté abierta siempre cabe la posibilidad de introducir mejoras", insistió.

Argüello también dijo que los obispos se ven en la obligación de "marcar la línea roja" en este y otros aspectos y que su preocupación con la reforma educativa va más allá de la Religión y la concertada a "lo que significa la educación en la sociedad", estudiar "en la lengua común", "la importancia que se da al esfuerzo", "los criterios pedagógicos" y "los riesgos para la comprensión humanista" en la sociedad contemporánea.

LA LOMLOE ES CONFESIONAL

El portavoz de los obispos lamentó también que el Ministerio de Isabel Celaá no haya respondido a la propuesta que han planteado los obispos para integrar la Religión en un área de formación humanista y moral, en la que también participen otras confesiones y aseguró que "la Lomloe también es confesional en su manera de entender la educación, lo público y la propia perspectiva ideológica que tiene tras de sí".

"No queremos perder la esperanza, una ley educativa tiene luego decretos que la desarrollan y competencias autonómicas. Tendemos la mano a un pacto educativo", insistió, antes de subrayar que la Iglesia, "si ha defender sus derechos lo hará".

En esta línea, durante estos días, la CEE ha elaborado un documento en el que los obispos españoles muestran su preocupación por que la 'Ley Celaá' "introduzca limitaciones" a "derechos y libertades", especialmente vinculados a la responsabilidad educativa de los padres. La Iglesia, apuntan, "seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad".

En el citado texto, los obispos consideran que la educación "es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud democrática" y se hacen eco de "la gran inquietud que ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley".

"Lamentamos en particular que se haya procedido a la tramitación de esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente acelerados. Ello ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales", añaden en la declaración.

Los obispos recalcan que "el verdadero sujeto de la educación es la sociedad y, en primer lugar, las familias". "No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad -a cuyo servicio está llamado-, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público", exponen.