Sin embargo, la organización expresó en un comunicado que tiene "dudas sobre el hecho de que algunos objetivos carezcan de medidas concretas y de financiación, por lo que su efectividad dependerá del compromiso por la equidad que tenga cada comunidad autónoma".

Asimismo teme que la falta de acuerdo político y social de esta ley "pueda comprometer su permanencia en el tiempo y comparte la preocupación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en cuanto al diálogo y la estabilidad sobre los aspectos estructurales del sistema educativo, que también señalaba la Comisión Europea la semana pasada".

Ante esta situación, Save the Children cree que durante la tramitación en el Senado de la Lomloe se deberían "alcanzar mayores acuerdos y corregir algunos aspectos fundamentales para la protección y bienestar de la infancia más vulnerable".

La organización valora que la ley recoja la regulación estatal de currículo, profesorado y condiciones de los centros de educación infantil 0-3 años para mejorar su baja calidad actual, así como que se priorice el acceso de niños y niñas en situación de pobreza. Sin embargo, denuncia que "a pesar de los anuncios de universalización, la ‘ley Celaá’ no reconoce el derecho a una plaza ni fija calendario para extender esta etapa educativa, fundamental para luchar contra la desigualdad de origen".