"Se trata de una medida sorpresiva -introducida en la disposición adicional cuadragésima octava- a espaldas de los sindicatos, que deteriora aún más la imagen del profesorado, creando un clima de incertidumbre y desconfianza sobre el ejercicio de sus funciones", concretó el sindicato.

CSIF también advirtió de que en España ya se pueden aplicar medidas disciplinarias, por lo que no entiende que se incluya esta redacción en una Ley Orgánica, "sin un análisis previo ni un diagnóstico que lo justifique". "Reclamamos al ministerio que dé explicaciones urgentes durante el posterior trámite parlamentario de la norma en el Senado", pidió la organización.

"En definitiva, como hemos venido denunciando a lo largo de los últimos meses, lamentamos, además, que la 'ley Celaá' arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas…", concluyó en un comunicado en el que calficó de "parche" la reforma impulsada por el Gobierno, que "además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales". "La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos", concluyó CSIF.