Esa situación, que se prolongó al menos durante dos minutos, la presenciaron de pie y dando palmas el vicepresidente Pablo Iglesias y la propia ministra de Educación. Tras el debate, la ministra Celaá dijo que lo había vivido “con mucha emoción” porque la ley va a llevar a una “mejora muy importante” al sistema educativo.

Antes, la sesión fue tomando intensidad y el PP y Ciudadanos insistieron en que recurrirán la ‘ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional e instancias europeas. “Es difícil de entender que tengamos que subir a esta tribuna a defender la libertad”, aseveró la diputada del Grupo Popular Sandra Moneo, que dijo que el proyecto supera lo educativo y “asfixia a aquel que no se somete al pensamiento único”.

En su opinión, la Lomloe, “antes de ser aprobada es fallida” y supone una “ruptura del pacto constitucional”, por lo que los ‘populares’ se ven obligados a una tarea “que tiene una dimensión histórica”. “Vamos a utilizar todos los instrumentos contra la reforma”, anunció.

Ya se levantó cierta algarabía en el Hemiciclo tras la intervención del diputado de Vox Joaquín Robles. “Quieren un pueblo adormecido y domesticado”, “activistas y no ciudadanos”, lamentó, criticando a los diputados de los partidos del Gobierno de llevar a sus hijos a centros concertados y calificándolos como miembros “de la izquierda caviar”. “La Lomloe certifica el final del papel de ascensor social de la enseñanza, ejercido por los defensores de las clases desfavorecidas”, les dijo.

Marta Martín, de Ciudadanos, también escuchó algún aplauso cuando anunció que su grupo votaría “a dos manos” contra la reforma, porque supone una “coacción a los derechos fundamentales de todos los españoles” y un “parcheado”. En su opinión, la norma “ha conseguido cabrear a todo el mundo y no tiene garantías democráticas.

Martín recalcó que el texto supone un “ataque a la libertad de elección” al eliminar el concepto de la demanda social por uno “estalinista”, que es “un intento de engaño a socios europeos”, con la promoción con suspensos para reducir el fracaso escolar, e implica la “demolición de competencias” de la alta inspección educativa, y “el mercadeo más palmario” al considerar que el castellano es lengua “impropia” y no vehicular.

Antes de la división de opiniones final, la diputada socialista Luz Martínez Seijo enumeró una serie de “mentiras” que en su opinión ha difundido la oposición sobre la reforma. En este sentido dijo que es “un relato ficticio” que la ley acabe con el castellano como vehicular, pues “está triplemente garantizado”, que “los centros de educación especial no se van a cerrar” y que no se eliminan oposiciones para acceso a la función docente ni para inspección. “Hoy es un día histórico”, concluyó, subrayando que derogar la Lomce es “un compromiso adquirido”, zanjó, apelando a la oposición a que se lea el texto.

Y desde la bancada del grupo confederal de Unidas Podemos, Javier Sánchez, se felicitó porque texto debatido "entró como un texto monocolor y sale de gobierno de coalición" y recoge peticiones de su grupo, como la defensa de la educación pública, el fomento de la educación de 0 a 3 años, y "corregir" la segregación. "Por eso están las tres derechas muy cabreadas", calcó, acusando a la oposicion de una "campaña de desinformación y bulos y mentiras".