Este mecanismo, realizado a través de un interventor, fue aprobado el 20 de noviembre de 2015 en un Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Aquel día, el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explicó que con este control se garantizaría que la Generalitat no destinaría “ni un solo euro contra las leyes y la Constitución”.

La decisión fue tomada después de que el 9 de noviembre de 2015 el Parlament aprobara una resolución para iniciar el proceso de desconexión de España, que fue recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional y suspendida al ser admitida a trámite.

De esa forma, el control pasó a ejercerse sobre todo el Presupuesto de la Generalitat y no sólo sobre el plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como ocurría hasta entonces.

Fuentes del actual Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, confirmaron a Servimedia que el control reforzado sobre las cuentas de la Generalitat sigue vigente en los mismos términos, ya que fue aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) y tiene que ser levantado por esta misma Comisión.

A este respecto, preguntados sobre si cabe la posibilidad de que el riesgo de destinar recursos a actividades relacionadas con el 'procés' haya desaparecido y que, por tanto, pueda desactivarse próximamente este mecanismo de control reforzado, las fuentes consultadas señalaron que no les consta tal posibilidad.

Para realizar este control reforzado, la Intervención General de la Generalitat tiene la obligación de remitir mensualmente una certificación de que los gastos de la Generalitat se destinan a las partidas previstas y no se desvían para otros fines independentistas. Además, esta obligación de información condiciona las autorizaciones del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo.

En concreto, el control se ejecuta a través de un interventor que debe dar cuenta mensualmente de a qué se destina cada euro del Presupuesto catalán y remite un certificado inicial, en 10 días, donde queda constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña.

A partir de esta información pueden ponerse en marcha los pagos que se ajustan estrictamente a lo previsto en este acuerdo y para garantizar su cumplimiento el interventor general facilita mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior.

Desde entonces, el control ha seguido vigente tanto durante el resto del mandato de Mariano Rajoy como con el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez en solitario y ahora con el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, ambos con María Jesús Montero como ministra de Hacienda.

Además, en julio de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó dicho control, obligando a la Generalitat a informar de forma semanal para verificar que no destinaban recursos a actividades vinculadas directa o indirectamente a la consulta soberanista que tuvo lugar el 1 de octubre de ese año.

Por último, con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno también pasó a controlar de forma previa las cuentas de la Generalitat a través de sus órdenes de pago en las entidades financieras. Sin embargo, dicho control previo se desactivó en junio de 2018 tras el levantamiento del artículo 155.