Esta votación es el último trámite parlamentario que afronta el informe de recomendaciones, que ya recibió el visto bueno en Comisión con 30 votos a favor, 5 en contra correspondientes a Vox y 2 abstenciones de ERC y EH Bildu. En el debate se abordarán los votos particulares de varios grupos como PP, Ciudadanos, ERC o Bildu, lo que puede suponer cambios en el texto.

El Pacto de Toledo ha acordado subir las pensiones con el IPC real y garantizarlas por ley. Para el próximo año se elevarán con carácter general un 0,9% y las no contributivas lo harán un 1,8%, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que prevé que los pensionistas reciban “antes del 1 de abril de 2022 y en un único pago” una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2021 y la que hubiere correspondido de haber aplicado una subida igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021.

El Pacto de Toledo también aconseja continuar con la separación de fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales sean destinadas “exclusivamente” a financiar prestaciones contributivas y la imposición general sufrague las reducciones en la cotización, los incentivos al empleo o las prestaciones sobre nacimiento y cuidado del menor.

Para la asunción de esos gastos por parte del Estado, el informe pone de plazo no más allá de 2023.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya tiene cuantificados casi 23.000 millones de euros de gastos “impropios” que de liberarse de ellos en 2023 conseguiría cerrar el déficit.

El informe también señala que una vez que la Seguridad Social recupere el equilibrio en sus cuentas, se vuelva a ingresar en el Fondo de Reserva o la 'hucha de las pensiones' los excedentes de las cotizaciones.

JUBILACIÓN

En cuanto a la jubilación, considera que la edad efectiva debe acercarse a la edad legal, que en 2021 será de 66 años; aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación con nuevas medidas que favorezcan la compatibilidad de la pensión y el trabajo, y apuesta por restringir las jubilaciones anticipadas para los trabajadores con largas carrereas de cotización. En este punto, plantea analizar las que se están produciendo y da al Gobierno un plazo máximo de tres meses para plantear soluciones en aquellos casos de jubilación anticipada en los que haya inequidad.

Las líneas de actuación del Ministerio se dirigen a promover la jubilación demorada con mayores incentivos y con fórmulas de compatibilidad del trabajo y la pensión, así como corregir los elementos “distorsionantes” de las jubilaciones anticipadas voluntarias dado que los coeficientes reductores de la pensión repercuten en mayor medida sobre quienes han cotizado por una base menor.

El Pacto de Toledo también recomienda evaluar “a la mayor brevedad posible” el impacto de la progresiva extensión del periodo de tiempo utilizado para calcular la pensión de 15 a 25 años, contemplando la posibilidad de elegir “los años más favorables” para quienes tienen carreras de cotización más irrregulares.

DIGITALIZACIÓN

En un entorno de avance de la digitalización en el mundo laboral, el Pacto de Toledo apunta, por una parte, a buscar mecanismos que complementen la financiación de la Seguridad Social "más allá de las cotizaciones sociales”.

Por otra parte, en las recomendaciones se incide en “combatir la economía informal” ligada a las plataformas digitales y el uso fraudulento de la figura del falso autónomos, para lo que el departamento de Trabajo y Economía Social está preparando una norma.

Precisamente, respecto a los autónomos, el Pacto de Toledo plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno.

Por último, pide fomentar, particularmente, los planes de pensiones privados ligados al empleo, “acomodar” la viudedad a las nuevas realidades sociales y a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, mejorar la pensión de viudedad para los que con 65 o más años la tienen como principal fuente de ingresos, e intensificar las medidas para favorecer el acceso a un empleo “digno, suficiente y de calidad” de las personas con discapacidad y mejorar los niveles en sus prestaciones familiares.