Por el momento, según fuentes de los grupos consultadas por Servimedia, votarán a favor de este ‘plan b’ jurídico UPN, Foro y Coalición Canaria. Desde el PNV se debaten entre la abstención y el sí, pero lo que tienen decidido es no posicionarse en contra como tal de esta propuesta.

La portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, fue la encargada de defender esta proposición de ley para dotar a España de “un instrumento jurídico estable” que sea alternativo al mecanismo excepcional del estado de alarma. “No legislar ante esta situación de gravedad sería una absoluta dejación de funciones”, avisó.

En este sentido, se revolvió contra “la desidia del Gobierno de coalición y la mayoría parlamentaria que le apoya” y pidió “rellenar el inmenso vacío legal” que consideró que existe por la falta de un “instrumento para enfrenarse con plenas garantías, con procedimientos más adecuados y medidas más proporcionadas” en la gestión de la pandemia del coronavirus.

Criticó que al Ejecutivo “le ha parecido más fácil aprobar estados de alarma sucesivos” para dedicarse a legislar “en cuestiones más ideológicas”, como “eliminar la vehicularidad del castellano” o “pactar con EH Bildu los peores Presupuestos”. “¡No han hecho los deberes, les ha pedido la pereza legislativa!”, recriminó a los miembros del Gobierno.

Gamarra acusó al Gobierno de convertir “la excepcionalidad máxima en rutina: “Aprobar el estado de alarma es para ustedes un día más en la oficina. Su única solución, la alarma”, censuró. Incidió así en que “entre el estado de alarma que se declaró en marzo y este que tenemos ahora en vigor, con 17 velocidades y 17 mandos únicos, existe un término medio”.

Gamarra subrayó que esta propuesta del PP “permite a las autonomías adoptar aquellas medidas que consideren necesarias para salvaguardar la salud pública, aunque implique restricción de derechos, pero sin necesidad de recurrir al estado de alarma y con las máximas garantías”.

“Les pedimos que apoyen un modelo legal, ordinario, regulado y seguro de colaboración”, demandó Gamarra, recordando que la propuesta pasa por modificar el artículo 3 de la ley de medidas sanitarias del año 1986 para introducir medidas que no prevé el actual redactado y también de artículos de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa para que la entrada en vigor de toda restricción “sea lo más afectiva posible” y haya “máximas garantías”.

Tras esta exposición inicial, el diputado de Vox José María Sánchez García se pronunció con dureza contra Gamarra: “Me gustaba más doña Cayetana. No sé quién le ha escrito su discurso, pero no sabe lo que ha escrito y usted no sabe lo que ha dicho. No ha entendido absolutamente nada”, le espetó.

Según el diputado de Vox, el PP se caracteriza “por sus actuaciones cosméticas, como es el caso de esta iniciativa legislativa”. A su juicio, esta proposición de ley es “engañosa” y “carece por completo de sentido jurídico y político”, por lo cual emplazó a la portavoz de los populares a dejar de “decir disparates”.

Sánchez García fundamentó su voto en contra de esta proposición de ley al considerar que se trata de “un conjunto de tonterías que lo que hace es pretender dar más competencias a las comunidades autónomas”. Gamarra tomó la palabra entonces en un turno de réplica en el que le afeó su “prepotencia, machismo y falta de rigor jurídico”.

Gamarra preguntó al diputado de Vox cuál es su alternativa: “El Gobierno nos lleva al caos jurídico pero ustedes nos llevan a la anarquía sanitaria”, opinó. “Lo mínimo que merecen los españoles y las personas que están luchando contra la pandemia es que haya respeto entre nosotros”, apostilló. “Me parece que la machista es usted”, le replicó Sánchez García a continuación, revolviéndose de nuevo contra la proposición del PP.

Por parte del PNV, Mikel Legarda se mostró “de acuerdo en que sería conveniente mejorar la redacción” del artículo 3 de la ley sanitaria de 1986, como propugna el PP, “para dar seguridad jurídica al abordaje de crisis sanitarias”. Más reparos mostró con que se califiquen “despectivamente las negociaciones políticas entre distintas autoridades sanitarias y entre grupos parlamentarios con el Poder Ejecutivo sobre el alcance de las medidas a tomar”.

Legarda también recalcó que la segunda modificación planteada por el PP, con respecto a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, “no tiene en cuenta las modificaciones que hace un mes introdujimos” sobre la autorización y ratificación judicial de las medidas de la autoridad sanitaria cuando impliquen restricciones de derechos fundamentales.

En su caso, Edmundo Bal, de Ciudadanos, quiso mostrar a la portavoz del PP su solidaridad ante “las faltas de respeto” que recibió por parte del diputado de Vox. “Nunca voy a decir que dice usted tonterías ni nada parecido”, aseguró, aunque explicó que su formación votará en contra de esta proposición al considerarla “técnicamente imperfecta”.

Bal ahondó en que “no se pueden restringir derechos y libertades públicas” sin el estado de alarma, que tiene “unas garantías”. Avisó que si se acaba con este mecanismo, “Pedro Sánchez no tendría que venir aquí a dar explicaciones”. “Utilizan un doble nivel de garantía que es menor al que tenemos ahora”, señaló, opinando que la ley del PP “no vale ni como plan z”.

Desde el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Genís Boadella confesó que desde el punto de vista de la salud “podría ser interesante” esta iniciativa, aunque estimó que la parte jurídica “pierde sentido” y está “desfasado” con las últimas normativas realizadas. Rechazó con vehemencia continuar por la vía de “judicializar las decisiones políticas administrativas institucionales” y mostró su apoyo a Gamarra ante las palabras del diputado de Vox.

En nombre del Grupo Republicano, Carolina Telechea recalcó que “no disponemos de otros instrumentos jurídicos” y por eso ERC apoyó “por responsabilidad” el último estado de alarma valorando que ahora que tiene en las comunidades a las “autoridades delegadas”. En su caso, aseguró que no apoyará “ninguna reforma que no otorgue a nuestra administración sanitaria todas las competencias en salud pública”.

También aprovechó para exigir al Gobierno “un plan de rescate” y anunció su voto en contra de esta iniciativa mientras advirtió al Ejecutivo de que debe “asumir sus responsabilidades” y “no lavarse las manos”. “Tomen las medidas necesarias para proteger a los más afectados de esta pandemia”, exigió la parlamentaria de ERC.

Desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Enrique Santiago consideró que el PP pone de manifiesto sus “contradicciones” con esta iniciativa que “elimina buena parte del control judicial y político que hoy existe sobre las medidas sanitarias” bajo el paraguas del estado de alarma.

“Nos oponemos radicalmente a que un funcionario gubernativo pueda acordar restricciones de libertad y derechos de forma generalizada en caso de pandemia”, sentenció Santiago, para quien el PP no hace más que “un intento de evidente autoexcusación de responsabilidad”.

Finalmente, la socialista Ana Prieto advirtió al PP de que su “gran error es querer sacar provecho electoral de esta pandemia” y reclamó a los dirigentes de la formación de Pablo Casado que sean “leales y patriotas de verdad”. “Apoyen al Gobierno en este momento tan complicado, apoyen las medidas orientadas a vencer al virus”, la renovación de los órganos constitucionales e incluso los Presupuestos, solicitó.