Así se refleja en la referencia publicada por La Moncloa con los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, en la que el Gobierno indica que dicha norma establece un sistema basado en tres niveles de protección: un nivel mínimo establecido por la Administración General del Estado (AGE)y a la que le corresponde su financiación; un segundo nivel que se acuerda entre la Administración General del Estado y cada una de las comunidades autónomas, y un último nivel adicional que pueden establecer las comunidades autónomas que lo estimen conveniente y que sea financiado exclusivamente por ellas.

De esta manera, prosigue, “las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar las ayudas y las que finalmente determinan las prestaciones efectivamente reconocidas, así como el importe que debe hacer efectivo la AGE en concepto de nivel mínimo de protección garantizado”.

Así, la estimación del importe acordado por el Consejo de Ministros se realiza teniendo en cuenta el número de personas beneficiarias con prestación reconocida y efectiva y los grados de situación de dependencia, teniendo cada grado asociada una cantidad de nivel mínimo.