La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, informó este martes de que se ha aprobado un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para “equilibrar las cuentas de la Seguridad Social” tras el impacto de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia como las prestaciones extraordinarias para los autónomos o la exención de cotizaciones asociada a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Del mismo modo, informó de un crédito extraordinario de 2.300 millones para el SEPE con el objetivo de “hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios por desempleo” derivado de la crisis, con la puesta en marcha de nuevas prestaciones y la prórroga de los ERTE que “no estaba prevista” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, actualmente en vigor.

Montero recalcó que, con estas actuaciones, “el Gobierno muestra su compromiso con la sostenibilidad a medio plazo con la Seguridad Social y el sistema de pensiones” y con la "protección a los colectivos que son especialmente vulnerables”.

Estos créditos se incluyen en el real decreto ley aprobado este martes en el que se amplían los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 30 de junio de 2021, se extiende el periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses y la ampliación de los plazos de los créditos en tres años, además de incluir otras medidas de carácter concursal o la bajada del IVA a las mascarillas.