Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de los Derechos del Niño en la Universidad Pontificia Comillas y autora del informe, manifestó que los menores atendidos por el sistema de protección de las comunidades autónomas son expulsados de “forma abrupta y sin ningún tipo de transición fuera del sistema nada más cumplir la mayoría de edad, “11 años antes que el resto de sus iguales”.

A ello hay que agregar que la inmensa mayoría de estos adolescentes presentan un nivel formativo “inferior a la media” y “pocas habilidades para tomar decisiones complejas y adaptarse a la vida autónoma”, señaló. Indicó que en 2018 casi 50.000 niños y adolescentes estaban tutelados (en acogimiento u otras modalidades) en España y unos 4.000 tuvieron que “darse de baja a la fuerza por cumplir 18”.

Según Martínez, la salida del sistema de protección “coloca a estos jóvenes en un riesgo muy alto de exclusión social”, cuyas consecuencias “resultan especialmente graves” en personas que ya sufrieron abandono de niños". "Esta salida no es ni planificada ni progresiva”, prosiguió, lo que “amenaza los avances conseguidos hasta la fecha“ con ellos, “cuando no los deshace del todo”.

Por ello, reclamó un cambio legal para que el cese de la tutela administrativa por parte del Estado no suponga el fin de los apoyos, y subrayó que las directrices de Naciones Unidas y del Consejo de Europa apuntan en esa misma dirección.

“Si la tutela administrativa por parte del Estado es el equivalente a la patria potestad” en cuanto a la obligación de atender a los menores, el Código Civil ya establece que el deber de los padres de proporcionar apoyos y mantener a sus hijos no termina a los 18 años”, recalcó Martínez.

Sería pues “preciso un cambio legal en este mismo sentido que después las distintas administraciones autonómicas concretasen en sus distintos reglamentos”, propuso.

El informe también recoge recomendaciones para garantizar un proceso de emancipación que favorezca la correcta integración de estos jóvenes, tales como comenzar su preparación para la vida independiente como mínimo dos años antes de alcanzar la mayoría de edad; ofrecerles oportunidades de educación y formación profesional, así como acceso a servicios sociales, jurídicos y de salud; garantizarles una asistencia financiera adecuada; asignar a cada niño o niña un especialista que le acompañe en su camino a la independencia, y formar a los profesionales en la transición a la vida independiente.

Del mismo modo, Aldeas Infantiles SOS propuso homogeneizar las ayudas que reciben los jóvenes egresados en las distintas comunidades autónomas, incentivar a los sectores público y privado para que contraten a estos jóvenes y favorecer que aquellos con necesidades especiales puedan optar a servicios de apoyo, a fin de evitar una institucionalización innecesaria al llegar a la mayoría de edad.