En el debate parlamentario, en el que se pedirá su toma en consideración para iniciar la tramitación de la ley, el partido de Pablo Casado explicará que “el objetivo principal es que podamos disponer de una legislación básica de ámbito nacional que facilite la gestión de esta pandemia sin tener que recurrir a la excepcionalidad del estado de alarma”.

Así lo trasladan a Servimedia fuentes populares, que defienden que la ley que presentaron el pasado 5 de agosto -con la rúbrica de Cayetana Álvarez de Toledo, entonces portavoz del PP- sigue teniendo plena vigencia. “Fortalece las capacidades del Estado para velar por la salud de los españoles y protege los derechos y libertades de los ciudadanos”, recalcan.

“Pedimos al Gobierno que apoye un modelo legal, ordinario, regulado y seguro, que es también un modelo de colaboración entre las administraciones”, sintetizan las fuentes consultadas, que anticipan conversaciones con distintos grupos parlamentarios, aunque “evidentemente no con EH Bildu”, para buscar una mayoría que les permita superar el primer debate en el Pleno.

“QUE SE RETRATEN”

Desde la dirección nacional del PP transmiten a Servimedia que la defensa de esta iniciativa servirá para que “todos se retraten”. Por ejemplo, se preguntan qué va a hacer el PNV en este sentido y apuntan incluso a la opinión de barones socialistas que podrían ver con buenos ojos la tramitación de una ley que ayude a gestionar la pandemia sin el estado de alarma.

Desde Génova recuerdan que Casado volvió a plantear su ‘plan b’ jurídico a Sánchez en su última reunión y se encontró con que “el presidente del Gobierno miró para otro lado”. Ya fue antes de las vacaciones estivales, rememoran, cuando el líder de la oposición emplazó al jefe del Ejecutivo a utilizar el mes de agosto “para diseñar esta ley”.

“También miró para otro lado” y “cuando Sánchez planteó este estado de alarma de seis meses, nosotros tendimos la mano al Gobierno para que en dos meses pudiéramos acordar esta ley y tener un ‘plan b’ jurídico alternativo”, señalan las fuentes consultadas. “El Ejecutivo no quiso, miró hacia otro lado y ni tan siquiera devolvió la llamada”, se quejan.

Así las cosas, hay cargos en el PP que piensan que si el PSOE no apoya esta ley será simple y llanamente “porque no se les ha ocurrido a ellos”. En la bancada popular aseguran que el PSOE pasará un mal trago a la hora de argumentar que veta una iniciativa que pone medios para “abandonar, en lo posible, el camino de la excepción” y que habla de “preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

“IMPRESCINDIBLE”

En la exposición de motivos de su proposición de ley, el PP sostiene que “es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones, que no es otro que la protección de la salud de los ciudadanos”.

En su proposición de ley, el PP plantea dos reformas al Gobierno si considera que el actual marco legal no es suficiente para actuar sin estado de alarma. Lo hace analizando la legislación en vigor y tomando como analogía el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 en materia epidemiológica que fue ratificado en sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así, el PP pone sobre la mesa la reforma del artículo 3 de la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública para actuar en el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, con la posibilidad de sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública o a cuarentena, así como otras medidas sanitarias para las personas sospechosas, aislamiento o tratamiento y localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas.

Desde el PP especifican que en esta reformas puede concretar la posibilidad de controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como al derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas.

Igualmente, los populares proponen reformar la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa para “garantizar la eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales”. Sobre la restricción y limitación de derechos, el PP argumenta en su proposición que “resulta razonable la exigencia de ratificación judicial del acto administrativo en los casos de privación de libertad o tratamiento médico forzoso (normas de cuarentena o procedimiento médico involuntario).

“PROPORCIONALIDAD”

Sin embargo, sostiene que la restricción de la libertad de movimientos en caso de pandemia no requeriría el mismo tratamiento jurídico. “Mientras la suspensión requiere en todo caso autorización judicial, la restricción sería posible realizarla por medio de un acto gubernativo que ponderase las circunstancias de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, sin perjuicio de su ulterior control judicial”, exponen en el texto que se debatirá el martes.

Asimismo, el PP defiende que corresponderá a los juzgados de lo contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen “privación de la libertad o de otro derecho fundamental”.

En síntesis, el PP defenderá que sus propuestas de modificaciones legales permitirían “la adopción de medidas de toda índole destinadas a la protección de la salud de los ciudadanos con mayor conformidad a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”. “Perseguimos que, en todo caso, prime la garantía de los derechos fundamentales, eficacia, rapidez, seguridad y protección de los ciudadanos”, asegura en el texto de su proposición de ley.

El pasado 29 de octubre, Casado se despachó con dureza contra “el atropello legal” del Gobierno por querer una prórroga de seis meses del estado de alarma. No obstante, explicó su “abstención crítica” para “no dejar el campo sanitario descubierto” y para “no dejar sin ningún mecanismo jurídico a las comunidades que dan la cara” y ahora necesitan tomar medidas ante “la inacción” del Ejecutivo.

Previamente, el presidente de los populares había ofrecido un apoyo de dos meses a este mecanismo excepcional, el tiempo en el que aseguraba que se podría haber sacado adelante el ‘plan b’ jurídico que el martes se presentará ante el Congreso. Sánchez, en cambio “miró hacia otro lado” ante esta oferta que incluía un mayor control parlamentario, recalcan desde Génova.