Dijo que la colaboración con Policía y Fiscalía es "continua y por supuesto los comportamientos delictivos son denunciados por parte de los trabajadores de los centros como parte del proceso educativo".

“Los menores deben aprender que este tipo de actos tienen consecuencia”, según el consejero, quien indicó que “no hay que generalizar, no podemos permitir que las actuaciones de determinadas personas señalen a un colectivo que necesite la ayuda de todos para integrarse en la sociedad madrileña”.

Además, destacó que las administraciones públicas “debemos ser garantes de los derechos de la infancia, actuando como protectores de los menores de edad, independientemente de su origen, nacionalidad, religión o circunstancia”.

Por eso, propuso "fomentar los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y en general los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución" y dijo que la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, al igual que otras administraciones públicas, ha adoptado "diferentes políticas públicas tanto para la lucha contra los delitos de odio, la discriminación y la desigualdad, como para la asistencia a las víctimas, en definitiva, para evitar el rechazo social a estos niños, niñas y adolescentes".

Así, comentó que la política general de este Gobierno es "inclusiva, abierta y transparente: nuestro principal objetivo es trabajar por el interés de las familias residentes en Madrid y de los niños, niñas y adolescentes”.

“Con especial atención a los que se encuentran en situación de desprotección y sobre los que debemos asumir una medida de protección, tutela o guarda”, añadió.

También indicó que, en estrecha colaboración con los servicios sociales, "estamos detectando, investigando, valorando, interviniendo y haciendo un seguimiento permanente de aquellas situaciones de riesgo que pudieran afectar a los niños, niñas y adolescentes en la Comunidad de Madrid”.

“Nuestro objetivo es neutralizar o minimizar cualquier amenaza. Y, en el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo, adoptar las medidas necesarias para garantizar su integridad y seguridad en el ámbito familiar o en un entorno de convivencia alternativo”.

Sostuvo que cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en situación de riesgo grave o desamparo "activamos medidas de protección (guarda o tutela), el trabajo con la familia de origen, la guarda temporal del niño/ niña por una familia alternativa o un centro especializado, o su integración definitiva en una familia adoptiva".

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MENORES

En definitiva, dijo, "aspiramos a garantizar sus derechos aplicando los mejores instrumentos para los menores: adopción, acogimiento familiar en familia extensa o seleccionada y acogimiento residencial".

En cuanto a los centros de primera acogida de menores en la Comunidad de Madrid, explicó que el Gobierno regional cuenta con una red de residencias infantiles constituida por 97 centros de diferentes tipologías con un total de 1.875 plazas.

Informó de que "nuestros objetivos son trabajar el retorno de los niños, niñas y adolescentes a su ámbito familiar en condiciones que garanticen su desarrollo y seguridad y proporcionarles los instrumentos necesarios para el desarrollo de sus capacidades y el apoyo necesario para que puedan afrontar con éxito su vida adulta".

Los Centros de Primera Acogida son recursos de carácter residencial para aquellos menores de edad que ingresan por un procedimiento de urgencia, ya sea a instancias de las Fuerzas de Seguridad, Fiscalía de Menores o Servicios Sociales.

En ellos, además de proporcionar atención residencial, educativa y apoyo emocional y material a los niños, niñas y adolescentes, se realiza un estudio valorativo de su situación para proponer a la Comisión de Tutela la adopción de la medida que resulte más adecuada a su interés superior.

Desde 2018, y debido al aumento del número de llegadas de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a la Comunidad de Madrid, se han creado nuevas plazas para atender a estos menores.

En 2017 se atendieron 848 menores migrantes no acompañados y en 2018 esa cifra se duplicó: 1.577. En 2019 los menores extranjeros con medidas de protección no acompañados que se atendieron en algún centro de la Comunidad de Madrid fueron 1.219 y el número de estos menores que a final de año se encontraban en una plaza residencial eran 470.

Los menores españoles con medidas de protección atendidos por la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2019 es de 2.732 menores, por lo que del total de menores no acompañados con medidas de protección sólo el 12% eran menores migrantes no acompañados.