Según informó este miércoles el departamento ministerial, el importe económico total de la adquisición una vez concluido el proceso es de 2.578.739.505 euros (IVA y prórroga incluidos) para casi 3.700 millones de unidades de producto. En cuanto al número de empresas presentadas en plazo han sido 155, que suman un total de 475 ofertas a los once lotes.

Estos seis lotes que se acaban de adjudicar, corresponden a un total de 64 productos de 52 empresas. El resto de los lotes, hasta completar los once licitados, se adjudicarán en los próximos días.

Esta licitación del Acuerdo Marco se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 4 de agosto. La medida se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ministerio de Sanidad está desarrollando para el abordaje de la crisis de la Covid-19 y pretende agilizar el acceso a los suministros a través de la compra centralizada abordada por la Administración española. Este proceso evitará que las Comunidades Autónomas (todas se han sumado excepto la Comunidad Valenciana), las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el Ingesa y los ministerios de Defensa e Interior tengan que iniciar procesos de licitación cada vez que precisen un suministro.

SELECCIONAR SUMINISTRADORES

El objetivo es seleccionar suministradores y productos para hacer frente a la Covid-19, y fijar las condiciones a las que deberán ajustarse los suministros basados en el Acuerdo Marco. Los productos engloban batas, guantes, gafas, mascarillas, tests moleculares COVID-19 y kits de extracción.

A partir de este momento, las administraciones autonómicas y nacionales adheridas podrán contactar con las empresas adjudicatarias e ir reservando el material que precisen. Los pedidos se podrán formalizar una vez las empresas adjudicatarias hayan firmado el Acuerdo Marco y se haya enviado esta firma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Desde INGESA se estima que este proceso no se alargue más allá de diez días.

El procedimiento de emergencia está recogido en los artículos 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo y en el 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta tramitación es la única opción posible para conseguir en un corto espacio de tiempo disponer, por parte del SNS, del material necesario para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse en los próximos meses en relación con la Covid-19.