Así lo confirmó el Grupo Municipal Socialista, que solicita la suspensión cautelar del acuerdo del Pleno y denuncia el uso “maniqueo”, “torticero” y “espurio” que, a su juicio, se da a la Ley de Memoria Histórica tras constatar los daños irreparables causados a la placa conmemorativa que había en la casa natal de Largo Caballero.

La petición de medidas cautelares se basa en que “la ejecución del acuerdo ha tenido ya una específica y concreta consecuencia nociva”, la destrucción de la placa que homenajeaba a Largo Caballero, placa que “no tiene el Ayuntamiento intención de reponer”, señalan los socialistas.

El recurso va más allá y considera que el acuerdo de Pleno que ha permitido ya la desaparición del homenaje a Largo Caballero atenta contra la Ley de Memoria Histórica y la propia Constitución. En su recurso, el PSOE se pregunta “cuál es el interés jurídico prevalente frente al acuerdo adoptado”.

Destaca el recurso que el artículo 46 de la Constitución ordena a los poderes públicos “la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”.

Por ello, el Grupo Socialista sostiene que “bajo este esquema resulta inconcebible que el Ayuntamiento de Madrid trate de pervertir el sentido y contenido de las instituciones de la memoria histórica porque, en puridad, subvierte el propio orden constitucional en su propia esencia”.

Según denuncian desde el PSOE, el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento se basa en la imputación a ambos de “acusaciones delictivas” carentes de fundamento que otorgan al acuerdo una “calumniosa motivación”. El acuerdo impugnado incurre en “el más puro y fanático revisionismo histórico”, recalca.

“Se les imputa a estas personas -Largo Caballero y Prieto- supuestas actuaciones criminales que no tienen nada que ver con el alzamiento militar de 1936 ni desde luego con la represión durante la dictadura, durante la cual se encontraban exiliados de España, falleciendo con gran pesar fuera de ella”, añade el recurso.

Prosigue diciendo que “de ningún modo el nombre de sus calles, las estatuas y ni siquiera la mencionada placa que se ordena retirar, exaltan su papel durante la Guerra Civil, durante la cual formaron parte del del Gobierno legítimo constitucional contra el que aquel alzamiento se produjo, pues su reconocimiento va mucho más allá de dicho hito”.

En el recurso se incide en que “el Ayuntamiento de Madrid ha actuado al margen de cualquier interés general, pues directamente optó por un consciente y premeditado uso torticero de la normativa en materia de Memoria Histórica, de modo que en ningún caso existiría un perjuicio para aquel en caso de suspenderse su ejecutividad”.

Además, desde el PSOE se ahonda en que cambiar el nombre de la avenida de Francisco Largo Caballero y el bulevar de Indalecio Prieto implicaría “un grave problema para los vecinos residentes de esas calles y más aún para las empresas que tienen fijado su domicilio”.

Una vez presentado este recurso, los socialistas avanzan que ejercerán acciones penales como consecuencia de “las afirmaciones falsas y calumniosas” que el acuerdo aprobado vierte sobre Indalecio Prieto y Largo Caballero, sin perjuicio de las que pudieran interponer por el mismo motivo los familiares de ambos y el escultor Pepe Noja, cuya obra ha resultado destruida, o la Fundación Largo Caballero.