Así lo dijo el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pérez Rey destacó que “por vez primera”, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Economía Social va a contar con un presupuesto propio que asciende a 175,8 millones de euros. Destacó que las líneas de trabajo del Ministerio pretenden que la contratación temporal recupere su causalidad, que no haya fraude laboral y “que entendamos todos y asumamos una filosofía del trabajo estable y de calidad”.

Por otra parte, Pérez Rey avanzó que “en muy breves semanas” se va a aprobar una orden ministerial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para poner en marcha la formación asociada a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se había incluido en la última prórroga de este mecanismo. En particular, los afectados por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos.

Con ello, se les formará “no sólo desde el punto de vista de las competencias digitales, sino también para hacer frente a los procesos de transición profesional que se producen en los sectores”, según dijo el secretario de Estado.

Incidió en que los presupuestos de Trabajo “prevén el colchón” para atender las prestaciones por desempleo de los afectados por la pandemia y “nos permite dar continuidad al esquema de protección de ERTE, que ha sido nuestro elemento de salvación”.

También apuntó a “hacer algunos cambios” antes de abordar el nuevo Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta a establecer un mecanismo permanente de ERTE que permita el ajuste interno de las empresas y no mediante despidos en tiempos de estabilidad del ciclo económico.

Respecto al presupuesto del SEPE, Pérez Rey indicó que contará con 31.631,8 millones de euros, un 23,1% más en comparación con el presupuesto prorrogado de 2018. A esta cantidad, los ingresos de la cuota de desempleo contribuirán con algo más de 22.000 millones, y la cuota de formación aportará 1.341 millones. Se sumarán 1.850 millones procedentes del Fondo Social Europeo, 1.141 millones del mecanismo de reconstrucción europeo y 4.762 millones de aportación del Estado.

Por otra parte, al ser preguntado sobre la derogación de parte de la reforma laboral de 2012, Pérez Rey dijo que es “necesario revisar” los elementos que llevaron a una “devaluación salarial” en la crisis anterior y que afectaron a la negociación colectiva.