La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han informado en un encuentro informal de la apertura de estas diligencias, de las que no ha trascendido si también afectan a otras personas aparte de a don Juan Carlos.

Esta investigación será asumida por todo un equipo de fiscales del Tribunal Supremo que dirigirá Juan Ignacio Campo, que era el encargado de la investigación del caso del AVE a La Meca, y a la que se incorporará también el fiscal jefe de Anticorrupción tras recibir un informe de inteligencia financiera.

Esta sería la tercera línea de investigación abierta sobre las actividades financieras del monarca. Esta misma semana se conoció la existencia de una investigación que llevaba casi un año en marcha en la Fiscalía Anticorrupción relacionada con el uso de tarjetas de crédito opacas por Juan Carlos, su esposa Sofía y otros miembros de la familia, entre los que no se encuentran ni el actual Rey, ni su mujer o sus hijas.

En concreto, el ministerio público detectó que los fondos con los que se nutrían las cuentas a las que se cargaban los gastos hechos con esas tarjetas procedían de transferencias realizadas por el empresario mexicano y amigo del emérito Allen Sanginés-Krause y las habría manejado el asistente de don Juan Carlos, el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza.

La nueva línea de investigación abierta se suma a la deel uso de tarjetas de crédito y a la que investiga el Tribunal Supremo sobre el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a empresa españolas. En este último caso, la Fiscalía del Supremo está ultimando un informe en el que dictaminará que no hay indicios de delito posteriores a 2014, y devolverá las pesquisas a Anticorrupción para que continúe la investigación en relación al resto de personas no aforadas.

Esta nueva investigación pretende dilucidar si el Rey emérito cometió delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Por el momento no se han realizado diligencias, ni se sabe si los hechos objeto de pesquisas son anteriores o posteriores a la abdicación de don Juan Carlos, en junio de 2014, fecha hasta la cual estaría protegido por la prerrogativa de inviolabilidad.

El pasado día 3, la fiscal general del Estado dictó un decreto en el que ordenaba a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que remitiera "con efectos inmediatos" a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) las diligencias de investigación sobre el uso de tarjetas opacas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya asumió el pasado mes de junio las diligencias de investigación relativas a las supuestas cuentas bancarias de Jua Carlos I en Suiza a las que habrían ido a parar las donaciones millonarias realizadas por la familia real saudí que podrían provenir de comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a empresas españolas.

Esa investigación ha corrido a cargo del fiscal de Sala del TS Juan Ignacio Campos, quien también se hará cargo de las nuevas diligencias remitidas al Supremo por la fiscal general y contará con la ayuda de Luzón, según ha informado este viernes Dolores Delgado. Campo está ultimando el informe sobre la donación millonaria de la familia real saudí y pedirá previsiblemente el archivo de la causa, ya que los hechos se produjeron antes de la fecha de su abdicación, periodo en el que era inviolable. No obstante, el fiscal incluirá un duro relato de lo ocurrido que habría supuesto la imputación del Rey emérito, de no encontrarse bajo el amparo de la inviolabilidad establecido en la Constitución.

Los movimientos investigados por Anticorrupción en estas nuevas diligencias se corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que entonces no contaba con la inviolabilidad de la que disfrutó hasta 2014, año en que se produjo la abdicación en su hijo. Así, la Fiscalía estaría investigando un posible delito fiscal dado que los movimientos de esas tarjetas superan los 120.000 euros en un solo ejercicio. La tercera línea de investigación está, sin embargo, en fase embrionaria y aún no se han practicado diligencias.