Otras organizaciones se han sumado a esa petición, como el IDMA, la Fundación Renovables, Transport&Environment y la Fundación Ecología y Desarrollo (Eecodes).

La bonificación al diésel se concedió, en su día, al suponer que este combustible permitía disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a día de hoy está "sobradamente probado" que, cuando se tiene en cuenta todo su ciclo de vida, los vehículos diésel emiten incluso más que los movidos con gasolina, según las organizaciones.

Las ONG apuntaron que los vehículos diésel son "la principal fuente de contaminación atmosférica en la mayoría de las ciudades". Según un informe de la Comisión Europea, son responsables del 80% de los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico rodado. La contaminación atmosférica causa más de 30.000 muertes prematuras en España, además de un coste sanitario que la Alianza Europea por la Salud Pública ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales.

La situación de "emergencia ambiental" (cambio climático, pérdida de biodiversidad y aumento de residuos y de contaminación química) exige "utilizar todas las herramientas disponibles para atajarla", según las organizaciones ambientales.

Una de ellas es una reforma fiscal que traslade a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o del uso de productos contaminantes. Otra se refiere a bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales.

Las organizaciones ambientales insistieron en que la recaudación obtenida por la rebaja en la bonificación al diésel se debe destinar "íntegramente a facilitar la transición ecológica de forma socialmente justa y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta".