Además, la superficie denunciada desde ese año, pero todavía sin resolución, asciende a 2.740,83 hectáreas, lo que incluye las 635,4 hectáreas de la Comunidad de Regantes Arco Sur, recientemente inspeccionada, según informó este viernes el departamento dirigido por Teresa Ribera en la última actualización del informe sobre las actuaciones urgentes y estructurales proyectadas para la recuperación integral del Mar Menor, en el ámbito de sus competencias.

El aumento de efectivos dedicados a vigilancia e inspección se ha traducido en un incremento de los expedientes sancionadores, todos ellos enviados al Gobierno de Murcia para su conocimiento y para que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias.

Transición Ecológica ha potenciado la acción inspectora sobre los vertidos potencialmente contaminantes y ha redoblado el esfuerzo de inspección sobre las desalobradoras que no cuentan con autorización. En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a dominio público hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 y hasta el momento se han iniciado 48 expedientes adicionales por vertidos a cauce público.

Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor, al cierre de 2019, se elevaron a 93, lo que prácticamente duplicaba la cifra de 2018.

Transición Ecológica continúa trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor, que ordena, selecciona y prioriza las acciones a realizar, así como actuaciones fijadas en el marco de otros trabajos incluidos en la Hoja de Ruta. En paralelo, actúa en la ejecución de las medidas identificadas como urgentes, de las que se actualiza su estado de ejecución.

La Hoja de Ruta prioriza las actuaciones inmediatas que permiten reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen y/o que contribuyen a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales. Consisten esencialmente en la vigilancia y labores de policía de las actividades que, o bien no tienen autorizaciones o derechos concesionales de uso de agua, o bien generan vertidos no autorizados, y en la vigilancia y control del dominio público marítimo-terrestre.