Entre las medidas desarrolladas, la AF sigue apuntando como “reivindicación absolutamente imprescindible” la reducción de la carga de trabajo ya que, como apuntaban en 2018 en una carta a la anterior Fiscal General del Estado, María José Segarra, es un “factor de riesgo” que está más presente “en las mujeres, en los jueces con menor antigüedad y en los Juzgados unipersonales”.

Por ello, esta asociación considera que “no puede postergarse más” la adopción de medidas porque hacerlo es una “injustificable omisión por parte de la Fiscalía General del Estado en el cuidado de la salud laboral de todos los miembros del Ministerio Fiscal”.

En paralelo a esta reivindicación, la AF solicita crear “ya sin demora en la FGE” un “Servicio efectivo de Prevención de Riesgos Laborales como ya existe en el CGPJ” que vele por la seguridad y salud de los fiscales.