Su defensa la realizó durante durante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y a preguntas de los diputados tras las dudas sembradas por el Banco de España, explicando que toman de base las proyecciones internacionales del Banco Central Europeo (BCE) y están sujetas, “lógicamente”, a la “evolución de la pandemia y la capacidad de controlarla” porque la salud y la economía “van de la mano”.

El Gobierno descuenta una contracción del PIB este año del 11,2% para rebotar un 7,2% el próximo año sólo de manera inercial, “en línea” con el consenso de los organismos internacionales, pero que podría ampliarse hasta un 9,8% por el mayor dinamismo en la inversión esperado con la llegada de 27.000 millones de euros de los fondos europeos.

De la Cueva admitió que es un cuadro “que tiene incertidumbres, como dijimos en el momento de presentarlo” por el propio riesgo en la evolución de la pandemia en España y en los demás países, aunque subrayó que también se han obtenido “algunas certidumbres” como el crecimiento del 16,7% en el tercer trimestre constatado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que no anticipaba “ningún analista”.

La secretaria de Estado indicó que dicha cifra revela “que los rebrotes, cuando se controlan, tienen un impacto económico más limitado”, de forma que “todas las medidas” que se adopten para controlarlos “son relevantes”. Asimismo, señaló que pone de evidencia “la capacidad de recuperación de la economía española” y de creación de empleo cuando la situación se controla.

Por último, subrayó que los datos también desvelan que las medidas que se han puesto en marcha “están funcionando”, “que el apoyo al tejido productivo ha permitido mantener la actividad de las empresas” que están ahí y han podido recuperar la actividad al tercer trimestre, y constatan además la “importancia de la colaboración público privada en el diseño de los instrumentos” como han sido los avales del ICO.

La secretaria de Estado indicó que la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia anunciado por el Gobierno y que se nutrirá, en parte, con los fondos europeos permitirá poner en marcha inversiones y reformas que ayuden a orientar la economía hacia un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsando una mayor productividad y competitividad de la economía que se traduzca en creación de empleos de mayor calidad.

España, según recordó, puede recibir hasta 140.000 millones de euros en fondos europeos y la intención es acelerar su recepción para recuperar cuanto antes la economía. En concreto, espera recibir 72.400 millones en el trienio 2021-23, de los que 27.000 millones se esperan para el próximo ejercicio.

Se tratará de una aportación que propiciará un “importante impulso a la economía” pudiendo añadir entre 2 y 3 puntos al crecimiento del PIB hasta el 2023 y aumentar en 500.000 los puestos de empleo creados, además de situar el crecimiento de la economía a largo plazo “por encima del 2%”.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisaba por la mañana en la misma Comisión del Congreso que el cuadro macroeconómico del Gobierno podría pecar de optimista a la luz de los rebrotes de la pandemia y por contar con una ejecución integra de los 27.000 millones de fondos europeos, cuando teme que se pueda demorar o ser incompleta.

La secretaria de Estado de Economía explicó que en el Gobierno han sido “muy cuidadosos” en la selección de los proyectos que mayor impacto tienen para favorecer la recuperación y acompañando inversión con las reformas necesarias. De su inclusión y su análisis indicó que es de donde salen las cifras y el potencial de crecimiento estimado con los fondos europeos.

Para precisamente facilitar la ejecución de los proyectos señaló que se está analizando la normativa a fin de evitar “cuellos de botella” burocráticos, ya que “no podemos permitirnos no utilizar estos recursos porque es el futuro de país”.

Durante su intervención recordó que antes de estallar el Covid el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperaba un crecimiento del PIB en España del 3,3% este año, superior al 2,9% del ejercicio anterior, y la caída llega por las restricciones adoptadas para evitar la propagación de la pandemia.

Con las medidas articuladas para ayudar a las empresas, proteger las rentas de los trabajadores y mantener el empleo indicó que se han movilizado recursos públicos por valor del 20% del PIB. Sin la actuación acometida afirmó que se hubiera producido una destrucción de la actividad y tejido empresarial equivalente al 25% del PIB y "habríamos tenido más de 3 millones de parados adicionales".