El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hizo esta consideración este miércoles ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, en la que compareció para informar de lo concerniente a su área en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Tribunal de Justicia de la UE condenó en julio de 2018 a España a una multa millonaria por no tratar adecuadamente las aguas residuales de 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes, concretamente 12 millones de euros a tanto alzado y una multa coercitiva de 11 millones por cada semestre de retraso al incumplir una sentencia de 2011.

Esa penalización permanecerá vigente hasta que todas las zonas se pongan al día. La decisión se produjo a instancias de la Comisión Europea por incumplimiento del objetivo recogido en la Directiva Marco del Agua de proteger el medio ambiente contra un deterioro ocasionado por el vertido de aguas urbanas residuales (domésticas e industriales).

“CUANTIOSA MULTA ANUAL”

Morán recordó que España paga actualmente "una cuantiosa multa anual" y tiene abierto un paquete de procedimientos de infracción "nada despreciable" que podría colocar en "una situación ciertamente complicada" la capacidad presupuestaria de la Dirección General del Agua.

"El plan principal es llevar a cabo todas las inversiones para corregir todos los expedientes de infracción que tenemos abiertos por la Comisión Europea y creemos que con la previsión presupuestaria a lo largo de la legislatura estaríamos en condiciones de cumplir ese objetivo", comentó.

En este sentido, indicó que el Ejecutivo está "en condiciones de ejecutar o iniciar la ejecución de todas las obras de proyectos que en estos momentos están en trámite de expediente de infracción por parte de la Comisión Europea, que es el objetivo principal para evitar que estos sean trasladados al ámbito del Tribunal de Justicia".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Morán comentó que el proyecto presupuestario de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se enmarca en la "hoja de ruta" de los compromisos internacionales de España en materia de cambio climático y en la "emergencia global" causada por la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus. "La herramienta presupuestaria debe aunar una doble función: paliar los efectos de la crisis en el corto plazo, pero, al mismo tiempo, corregir sus causas en el medio y largo plazo", apuntó.

Así, desgranó las grandes cifras presupuestarias de la Secretaría de Estado que dirige en cuanto a la Dirección General del Agua (1.779 millones), la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (793 millones), la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (500 millones), la Dirección General de la Costa y del Mar (210 millones), la Agencia Estatal de Meteorología (144 millones de euros) y la Oficina Española de Cambio Climático (24,5 millones de euros).