Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto de cuentas públicas de 2021, en la que la ministra respondió a las referencias que algunos grupos parlamentarios realizaron durante la sesión a las dudas expresadas horas antes por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre las estimaciones de ingresos y gastos incluidas por Hacienda en el proyecto de cuentas públicas, al ver riesgos a la baja en el cuadro macroeconómico sobre el que se sostienen.

Así, Bardón respondió que “evidentemente estamos en un marco de incertidumbre” pero que dicha variable “está incorporada en todos los cálculos” tanto del cuadro macroeconómico como de los ingresos, y resaltó que desde Hacienda “estamos monitorizando con una periodicidad extraordinaria todo el comportamiento de la recaudación”.

Asimismo, señaló que el gobernador del Banco de España “ha dicho cosas con las que estamos de acuerdo”, como que no es el momento adecuado para subir la presión fiscal. A este respecto, la secretaria de Estado apuntó que el Presupuesto “viene marcado por la necesidad de reactivar la economía” y que, por ello, “muchas de las medidas anunciadas en anteriores ocasiones han tenido que ser pospuestas”, de forma que, una vez superada la crisis sanitaria y económica del coronavirus, “será necesario afrontar una reforma en profundidad del sistema tributario”.

Sobre los ingresos fiscales, la representante de Hacienda recordó que España se encuentra seis puntos por debajo de la media europea en lo relativo al nivel de ingresos tributarios en proporción al PIB, por lo que declaró que, ante la necesidad de tener “un Estado del bienestar más fuerte”, “tenemos que contar con unos ingresos que estén a la altura del país que queremos construir”.

“No se puede tener un Estado del bienestar de primera con unos recursos de tercera”, añadió en esta línea, para acto seguido asegurar que es necesario “replantear el sistema tributario para hacerlo más justo, adaptarlo a la economía digital, incentivar hábitos de vida saludable”, atender al cuidado del medioambiente, e incorporar el punto de vista de género.

Así, Bardón afirmó que “estos PGE incorporan los principios en los que creemos firmemente”, para a continuación destacar que también “reafirman el compromiso absoluto con la adecuada financiación de las comunidades y corporaciones locales” y que dejan atrás la “ortodoxia fiscal y la austeridad”.

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Durante su intervención, Bardón recordó que el proyecto de cuentas públicas prevé que el total de ingresos, contando tanto tributarios como no tributarios, alcance los 255.631 millones de euros, un 14,5% más respecto a la recaudación prevista para el cierre de 2020 (223.208 millones de euros). En concreto, Hacienda calcula unos ingresos tributarios de 222.107 millones de euros, un 13% por encima de los 196.537 que cree que se recaudarán en 2020, mientras que los ingresos no tributarios se situarían en 33.524 millones, un 25,7% más que los 26.671 millones que estima para 2020.

Asimismo, la secretaria de Estado repasó las medidas tributarias incluidas en los PGE, sobre las que indicó que tienen un “limitado alcance” pero que va “en línea con los principios” que el Ejecutivo quiere incorporar al sistema impositivo, además de ir orientadas fundamentalmente “a rentas altas y grandes empresas”. La previsión de Hacienda es que las medidas tengan un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022, que se suman a los 4.223 millones que Hacienda calcula que aportarán todas las figuras fiscales y medidas tramitadas al margen de los PGE.

En concreto, el proyecto de PGE de 2021 incluye subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales, pasando del 23% al 26%, y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales, por lo que Bardón señaló que afectan a pocos contribuyentes y que su objetivo es incrementar la justicia y la progresividad del impuesto.

En la misma línea, el Ejecutivo plantea establecer la vigencia del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, ya que hasta ahora era necesario prorrogar su vigencia año a año, y eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%.

Además, en línea con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumenta la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, se limita al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100% durante tres años. El Ejecutivo estima que esta medida afectará a 1.739 empresas, el 0,12% del total, y que tendrá un impacto recaudatorio de 1.520 millones de euros (473 en 2021 y 1.047 en 2022).

En cuanto a la fiscalidad verde, sobre la que Bardón subrayó que se encuentra muy por debajo de la media europea, se acerca la tributación del diésel a la de la gasolina, al reducir la bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros y aumentar el tipo estatal de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, acercándose a los 40,07 céntimos por litro de gasolina, aunque se mantendrá la tributación y bonificación del gasóleo profesional. Hacienda calcula que esta medida supondrá un coste de 3,45 euros más al mes para un consumidor medio y 500 millones de euros adicionales en la recaudación (450 en 2021 y 50 en 2022). Por último, los Presupuestos incluyen la revisión del impuesto a las primas de seguro, incrementando el gravamen del 6% al 8%.

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre y cuya tramitación ha sido o es al margen de los PGE, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin; el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%, y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.