Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, explicó que el cuadro macroeconómico en el que se enmarcan “está sujeto a riesgos a la baja, derivados tanto de una posible evolución de la pandemia que genere efectos más negativos sobre la actividad económica de los proyectados” como, de hecho, ya se está observando “en las últimas semanas en todo el mundo”, “como de la dificultad de ejecutar a tiempo y en proyectos de calidad” los fondos que llegarán del programa NextGeneration de la Unión Europea (NGUE).

El Gobierno ha previsto una caída del 11,2% del PIB este año para rebotar el próximo ejercicio un 7,2% de forma inercial, pero que podría alcanzar el 9,8% gracias a la ejecución completa de los 27.000 millones de euros que espera recibir desde Europa con cargo a dicho fondo de reestructuración. En el ámbito fiscal espera reportar un déficit este año del 11,3% y bajarlo al 7,7% el próximo, y confía en una mejora progresiva del empleo.

A priori, Hernández de Cos asumió que el Banco de España se encuentra “cómodo” con la previsión de PIB para este año ya que la caída se situá en la horquilla del 10,5 al 12,6% estimada por el organismo en base a dos escenarios hipotéticos, aunque alertó de que, a la vista de la desaceleración que se está observando en las últimas semanas, se situará más próxima al escenario menos benigno.

La razón son las restricciones que vuelven a aplicarse por los nuevos brotes del Covid, “sin que podamos descartar que, en un futuro próximo, pueda ser necesario adoptar medidas de contención de la pandemia más estrictas que las desplegadas en la actualidad”, agregó.

En el año 2021, el Gobierno confía además en añadir 2,6 puntos porcentuales al crecimiento por el efecto multiplicador que tendría sobre la economía la puesta en marcha de proyectos con los fondos europeos, algo que cuestionó.

“Quería remarcar que el supuesto de ejecución plena de los fondos europeos y los multiplicadores del uso de estos fondos que asume el Proyecto de PGE parecen optimistas a la luz de la evidencia histórica y empírica”, apuntó, indicando que la economía española “nunca” ha ejecutado más del 80% de los fondos recibidos en los últimos tres programas de fondos estructurales europeos “después de 7 años de vigencia de los mismos” y siendo además “de una cuantía inferior a la prevista en el NGEU”.

Para que su efecto tractor se maximice puntualizó que deben emplearse además “en proyectos de calidad” o “iniciativas de inversión pública que tengan la mayor capacidad para aumentar el potencial de crecimiento de la economía en el medio plazo” como puede ser a través de un incremento en el stock de capital humano y tecnológico” por lo que su elección y planificación debería de ser muy cuidadosa e instó además a aprovechar dichos recursos para acometer las reformas que precisa el país, ya que ayudarían a aumentar el potencial de crecimiento a futuro.

RIESGO DE MAYOR PARO, DÉFICIT Y DEUDA

En la medida que hay “riesgos apreciables de que el repunte de la actividad en 2021 no sea tan intenso como el previsto”, avisó de que “también existiría un riesgo de desviación en cuanto a la previsión del déficit público, de la tasa de paro y de la inflación en ese año”.

El Gobierno prevé que la tasa de paro cierre este año en el 17,1%, frente al 17,1-18,6% previsto por el Banco de España; y donde el organismo ve más riesgo de que empeore es el próximo año cuando el proyecto de Presupuestos espera una caída hasta el 16,3%.

Bajo este escenario consideró que el aumento del gasto del 24% previsto en los presupuestos podría quedarse corto, aún siendo un “incremento sin precedentes” porque se apoya en la llegada de los fondos europeos que permitirían, por ejemplo, subidas del 47% en las inversiones reales del Estado, del 70% en el gasto en investigación, desarrollo e innovación civil y en infraestructuras o del 80% en educación y el 71% en sanidad. “Dada la magnitud de estos incrementos y los posibles retrasos en su tramitación efectiva, existen ciertos riesgos de que estos incrementos puedan no llegar a materializase en su totalidad”, insistió por un lado.

Pero por otro lado avisó además del riesgo alto en desviaciones de partidas como la sanitaria donde los presupuestos prevén una caída del 2,5% en la compra de material sanitario tras haberse incrementado un 14% este año o que espere un descenso del 36% en los gastos por desempleo, muy afectados este año por los ERTE.

“En la medida en que la evolución epidemiológica de la pandemia plantea en estos momentos evidentes riesgos sobre la marcha de la economía, es posible que el gasto en estas partidas no pueda llegar a reducirse tanto como se prevé en el Proyecto de PGE”, indicó. En este punto avisó además de que podría estimarse, incluso, “conveniente mantener los ERTE por un periodo de tiempo más prolongado que el inicialmente estimado” causando un aumento de esta partida de gasto.

SUBIDA DE PENSIONES Y FUNCIONARIOS

En la partida de gastos avisó además sobre la subida en las pensiones y en los salarios de los funcionarios prevista, ya que se incluye revalorizar un 0,9% la retribución de los empleados públicos y el 1,8% en las pensiones mínimas y no contributivas, además de un 5% en el lndicador Público de Rentas de Efectos Múltiples o IPREM, que se usa como referencia para la revalorización de subvenciones, ayudas y subsidio de desempleo.

El gobernador alertó sobre el riesgo de que la inflación no llegue a ese 0,9% previsto en los presupuestos, ya que está en niveles más próximos al 0%, provocando un aumento de las compensaciones reales de estos colectivos, en una coyuntura donde “se materializa una importante destrucción de empleo en el conjunto de la economía y un deterioro muy acusado, sin precedentes históricos recientes, en las cuentas públicas”.

A su juicio no es adecuado asumir estas medidas y habría sido “más conveniente que, en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados para los trabajadores públicos, se valorase la posibilidad de implementar, de acuerdo con criterios objetivos, aumentos más focalizados dentro de este colectivo, por ejemplo, en el personal sanitario”.

En el lado de los ingresos observó que igualmente puede incumplirse el pronóstico de recaudación contenido en las cuentas para el 2021 y que espera un aumento de la recaudación fiscal y por cotizaciones sociales del 9%, por el propio riesgo a la baja en el escenario económico, y arremetió además con que se aumente la presión fiscal en un momento como el actual.

Los presupuestos prevén elevar los ingresos públicos en unos 3.200 millones de euros en el año 2021 con un aumento del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio a las rentas más altas, la limitación de las exenciones por doble imposición a las grandes empresas, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de las Socimi o el incremento de la imposición sobre los hidrocarburos y otros impuestos medioambientales. Incluyen además nuevas figuras fiscales como el impuesto sobre las transacciones financieras y del impuesto sobre determinados servicios digitales.

Al respecto, Hernández de Cos indicó que la situación actual exige que la política fiscal dé “una respuesta muy decidida en el corto plazo para limitar los efectos adversos de la crisis sobre las empresas, los autónomos y los hogares, y evitar un deterioro en el potencial de crecimiento de la economía”, aunque sea selectiva.

En su opinión, la “recuperación económica en curso aún presenta evidentes síntomas de fragilidad y se encuentra sometida a considerables riesgos a la baja que no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal en estos momentos”, defendiendo que “hubiera sido preferible retrasar la introducción de alguno de ellos hasta que nuestra recuperación económica fuera más robusta”.

CRITICA LA TASA TOBIN Y LA TASA GOOGLE

Si bien convino que el país “necesita una reforma profunda e integral” del sistema tributario, apuntó que en “muchos casos” como es el caso del impuesto a las transacciones financieros o de los servicios digitales “es imprescindible” que dichos ajustes “se aborden de forma coordinada internacionalmente para maximizar su efecto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización de las bases impositivas”.

La situación “más difícil de materialización” de las partidas de gasto e ingresos arroja también a su juicio un “riesgo significativo de que el déficit público supere el año próximo su nivel de referencia del 7,7% del PIB” por su simple incumplimiento. Pero es que además avisó de que una “posible intensificación de la pandemia” como la estamos viendo en estas últimas semanas puede exigir “prolongar por más tiempo del inicialmente considerado algunas de las medidas discrecionales adoptadas para proteger a los hogares, autónomos y empresas”.

Además cuestionó la deuda pública se limite al 118,8% del PIB previsto por el Gobierno este año, y que espera ajustar al 117,4% el próximo año. En este punto Hernández de Cos volvió a pedir a los grupos parlamentarios en el Congreso que negocien y pacten un plan plurianual que permita acometer una reducción gradual del déficit público a futuro.

Conforme a sus cálculos, la economía va a soportar un déficit estructural “no inferior al 5% del PIB” con los nuevos gastos estructurales introducidos en los últimos meses, como los relacionados con el sistema sanitario, el ingreso mínimo vital y la mayor carga de intereses deriva del mayor nivel de deuda o la revalorización de las pensiones según el IPC.

Según detalló, la reinstauración de las reglas de consolidación fiscal de Europa cuando la crisis sanitaria quede superada supondría una reducción del déficit estructural de 0,5 puntos porcentuales al año, y eso “conduciría aproximadamente a una década de ajuste para cerrar el déficit estructural” lo que hace imprescindible el acuerdo parlamentario sobre un plan de sostenibilidad de las finanzas públicas plurianual.