CSIF emitió un comunicado en el que subrayó que el pasado jueves la Generalitat restringió los movimientos de los catalanes con el fin de frenar el “alarmante aumento” de contagios e ingresos en UCI que soporta el sistema sanitario. No obstante, dejó fuera de estas excepciones a las comunicaciones especiales de los penales, que pueden llegar a reunir a más de cien personas al mismo tiempo en un espacio reducido.

El sindicato denunció que esta decisión “supone un riesgo sin precedentes” para la salud de los propios internos, del colectivo penitenciario y de sus familiares, en un momento en que los servicios de salud de las cárceles están “al borde del colapso”, con plantas al 100% de ocupación y “nula contratación de personal que refuerce la ya malparada atención sanitaria”.

Por ello, consideró esta decisión “disparatada” y deploró que la Generalitat, “en lugar de velar por la seguridad de sus empleados”, los acerque a “la boca del lobo”.

Por su parte, CSFI censuró a la Generalitat que niegue la posibilidad de teletrabajar a los profesionales de los centros penitenciarios que desempeñan su labor en áreas compatibles para el ejercicio de esta práctica.

Explicó que el viernes remitió un escrito a la consejera de Justicia, Ester Capella, solicitándole “modalidades horarias que minimicen el riesgo de contagio por Covid-19, medidas ya recogidas en instrucciones anteriores y que han demostrado ampliamente su eficacia”.

Tras recordar que actualmente hay 72 funcionarios de prisiones contagiados y más de un centenar en cuarentena a la espera del resultado de una prueba PCR, solicitó que se adopten todas aquellas medidas susceptibles de minimizar los riesgos de contagio: flexibilidad horaria, compactación de turnos y formación de equipos de trabajo no coincidentes en espacio y tiempo.