Así lo recoge el proyecto de los PGE presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que se explica que este importe incluye las dotaciones asociadas a la prórroga de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021, un incremento en los recursos para protección de nuevos beneficiarios por el impacto de la crisis sanitaria y los recursos para los subsidios por desempleo desde los 52 años.

Del total de la política de desempleo, se destinan 24.661 millones a las prestaciones por desempleo, 4.131 millones más que en el presupuesto 2020. “Este incremento obedece principalmente a la evolución que se prevé de los colectivos objeto de protección”, indica el proyecto.

En este sentido, destaca que ya antes de marzo de 2020 se venía registrando un incremento “importante” de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo respecto a 2019, aunque “es la actual situación económica originada por la crisis sanitaria lo que motiva principalmente un aumento del número de beneficiarios de las distintas prestaciones”.

El resto de la política, 351 millones de euros, se destina a gastos de personal y funcionamiento, con un incremento que deriva de la necesidad de gestionar un mayor número de expedientes de prestaciones.

El presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) asciende en 2021 a 31.632 millones, lo que implica un incremento del 23,1% con respecto al año anterior. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aportará 1.141 millones para apoyar la reactivación del mercado laboral.

El Estado aportará para el próximo año al presupuesto del SEPE 295 millones de euros, frente a los 146 millones previstos para este año “con el fin de amortiguar el impacto” de las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis del Covid-19.