El otro 27,5% rechaza esta “discriminación directa, pero una gran parte de ellos (el 60,1%) ejercen una discriminación relativa, en el sentido de que ofrecen mejor trato a los ciudadanos de origen español. Así lo afirmó Esteban Buch, uno de los dos autores principales del informe '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler’, realizado en las áreas metropolitanas y en las ciudades de Barcelona, Madrid, Granada y Alicante mediante una técnica de doble' testing'.

Por un lado, los investigadores contactaron con 800 inmobiliarias a través de llamadas telefónicas, de las que 400 se correspondían a un perfil de familia inmigrante y las otras 400 a una familia española. Las características de dichas familias, que llamaban con 15 minutos de diferencia, eran similares (pareja con dos hijos y dos contratos de obra y servicios renovables año a año).

Además, “para medir la discriminación directa”, se hicieron pasar por 293 propietarios españoles interesados en poner en alquiler una vivienda, siempre que la agencia no se la ofreciese a población extranjera.

Según Buch, el 72,5% de los agentes aceptaron esta condición, “lo que calificamos como discriminación directa”. Del resto, el 60,1% “ejerció una suerte de discriminación relativa”, prosiguió, en el sentido de que “exigían más requisitos a las supuestas familias migrantes (permiso de residencia, nóminas, contratos de trabajo, avales….)".

La investigación también indica que, a igualdad de condiciones, a las familias españolas se les ofrecen viviendas “con mejores características” y en mayor cantidad. Otra práctica habitual es “modificar la oferta de viviendas y las condiciones en función del origen étnico de quien llama” y plantear requisitos difíciles de cumplir.

Al 33% de los migrantes se les exigen “garantías de pago” extra, frente al 19% de las familias españolas, apuntó Buch. Además, prosiguió, “hay propietarios que se niegan a reparar desperfectos o electrodomésticos” para conseguir que no renueven.

Alberto García, autor también del informe, aludió a los estereotipos raciales y culturales como principales causas “detrás de esta discriminación”, así como lo que se conoce como aporofobia. “Se presupone que las familias extranjeras, aunque presenten las mismas característica socioeconómicas, tendrán más dificultad para asumir los pagos”, declaró. Así se recoge también en varias entrevistas que la investigación incluye a nivel cualitativo. En su opinión, “la barrera idiomática es el primer obstáculo “y, una vez superada la entrevista telefónica, se encuentran los rasgos físicos”.

Según Helena Martínez, coordinadora de la investigación, “existe además una discriminación múltiple, ya que las familias migrantes más discriminadas son aquellas encabezadas por una mujer”.

Por su parte, el director general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, reclamó que la futura Ley de Vivienda incluya medidas específicas contra estas prácticas y exigió la aprobación de la ley integral de igualdad e trato y no discriminación.

Asimismo, Martínez recomendó a las familias migrantes acudir y pedir asesoramiento a los servicios sociales y organizaciones del tercer sector, y propuso fomentar las buenas prácticas de alquiler y la formación de agentes especializados.

Apuntó que mientras que la discriminación directa en las cuatro áreas estudiadas supera el 72%, en Barcelona es del 58%, lo que, a su juicio, puede deberse a que el año pasado ya se abrió un expediente sancionador a una inmobiliaria de la ciudad por este motivo. Por ello, Martínez animó a las familias a denunciar estas situaciones e invitó a las administraciones a combinar medidas de fomento y de sanción.