Así lo indicó el sindicato después de conocerse este lunes que el Gobierno incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 una subida salarial del 0,9% a los empleados públicos.

Así, tras la reunión mantenida esta tarde por sindicatos y Ministerio en la Mesa General de las Administraciones Públicas, CCOO lamentó que el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública diga “estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna”.

En concreto, el sindicato se refirió a la subida salarial del 0,9% y a la aplicación de la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por ello, CCOO denunció “la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros”.

Asimismo, criticó “el incumplimiento por parte de todas las administraciones del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo”, por lo que demanda “que se cumplan íntegramente los compromisos” y reclama “el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo”.

En este sentido, el sindicato indicó que “deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años”. Además, añadió que “se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas”.

Además, el sindicato consideró necesario tratar de forma prioritaria varias cuestiones, como mejorar la estabilidad y calidad del empleo público mediante la reducción de la temporalidad por debajo del 8%, “causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral”.

A este respecto, CCOO catalogó de “inaceptable” que “ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar, sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado”.

Entre otras reclamaciones del sindicato están la jornada laboral de 35 horas, mejorar las bases de cotización a partir del grupo A2, implantar planes de igualdad y protocolos de acoso, y realizar procesos de digitalización en las administraciones públicas.