Casado hizo este anuncio al poco de comenzar su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar y a un día de que las recomendaciones se voten en la comisión del Pacto de Toledo, que se reunirá mañana, martes, a las 10.00 horas.

El pasado viernes, los portavoces del Pacto de Toledo cerraron el documento con una veintena de recomendaciones para reformar las pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, viene integrando en sus trabajos.

En concreto, según el borrador que entrará en la comisión mañana se acordó subir las pensiones con el IPC real y garantizarlas por ley, se aconseja seguir con la separación de fuentes de financiación y que las cotizaciones sociales sean destinadas “exclusivamente” a financiar prestaciones contributivas.

Apunta que, para el resto de gastos, la vía de financiación sea con cargo a los Presupuestos Generales, según un calendario que permita superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023. Para ello, el Ministerio ya tiene cuantificados casi 23.000 millones de euros de gastos “impropios” que, de liberarse de ellos en 2023, se cerraría el déficit.

En cuanto a la jubilación, el Pacto de Toledo considera que la edad efectiva de jubilación se debe aproximar a la edad legal, que en 2021 será de 66 años; aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación mejorando la compatibilidad de la pensión y el trabajo, y apuesta por evitar las prejubilaciones adaptando los incentivos existentes, sin menoscabo de atender a las situaciones de vulnerabilidad que no aconsejen alargar la vida laboral.

El Pacto de Toledo también contempla que, en los casos de carreras laborales muy prolongadas, se podría valorar descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger un tramo específico sobre el que calcular la cuantía de la pensión.

En un entorno de avance de la digitalización en el mundo laboral, el Pacto de Toledo apunta en el borrador que, por una parte, “si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.

Por otra parte, el borrador incide en “combatir la economía informal” ligada a las plataformas digitales y el uso fraudulento de la figura del falso autónomos. El departamento de Trabajo y Economía Social está preparando una norma para clarificar el carácter laboral de los trabajadores en las plataformas y evitar que ejerzan como autónomos.

Precisamente, respecto a los autónomos, el Pacto de Toledo plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno.

Por último, pide fomentar, particularmente, los planes de pensiones privados ligados al empleo, para lo que los planes del Ejecutivo pasan por desplazar la fiscalidad favorable de los planes individuales a los de empleo y reducir su coste de gestión.