Según informó la Policía, la investigación comenzó tras la denuncia presentada por dos de las víctimas. Tras las gestiones pertinentes, los agentes corroboraron la existencia de este grupo criminal que actuaba en pisos de la ciudad de Lérida.

Las mujeres, en su mayoría sudamericanas, eran captadas en sus países de origen por un miembro de la organización, que se aprovechaba de su precaria situación económica para ofrecerles viajar a España donde “ejercerían la prostitución en unas condiciones lujosas y con grandes beneficios”.

Sin embargo, cuando las víctimas llegaban a España se encontraban con una realidad distinta, puesto que el líder de la trama les quitaba su documentación personal y les impedía salir del piso donde se alojaban si no iban acompañadas.

A partir de ese momento, vivían hacinadas en habitaciones donde eran obligadas a ejercer la prostitución en jornadas continuas de 24 horas, privadas de comer si el número de clientes no lo permitía y controladas continuamente por cámaras que vigilaban el tiempo que estaban con los clientes y cada salida de la habitación.

Las mujeres estaban obligadas a devolver los costes originados por su viaje a España, a entregar al líder de la trama más de la mitad de los ingresos que obtenían por los servicios sexuales que prestaban y a consumir estupefacientes a lo largo del día.

La operación policial concluyó con la entrada y registro en dos domicilios de la ciudad de Lérida, donde se detuvo a dos personas, una de ellas el líder del clan, quien ha ingresado en prisión provisional. A estos dos individuos se suma un tercer detenido en la provincia de Tarragona.

En uno de los registros practicados por la Policía se localizó y desmanteló un laboratorio habilitado para el cultivo de marihuana.

La Policía explicó que esta operación ha tenido lugar en el marco del su plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Para ello, cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo electrónico ‘trata@policia.es’ para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.