La resolución declara la nulidad del matrimonio y obliga al acusado a pagar 1.000 euros a la demandante por cada uno de los tres años que duró su enlace, según precisó la Felgtb a través de un comunicado.

Esta federación valoró como “preocupante” el “precedente tan peligroso” que, a su juicio, sienta esta sentencia contra los derechos fundamentales al “judicializar las orientaciones sexuales no heterosexuales”.

En este sentido, la presidenta de Felgtb, Uge Sangil, denunció que se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona, hecho que, “en sí mismo constituye un acto inconstitucional”. “Además, la sentencia lanza el mensaje de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado”, añadió.

Por otra parte, esta organización denunció el “desconocimiento” de los jueces que han llevado el caso en relación a las “realidades Lgtbi” puesto que, según su criterio, pese a que el acusado se ha declarado “abiertamente bisexual”, la sentencia habla de homosexualidad y se basa en el hecho de que Vilalta había mantenido relaciones con personas de su mismo género antes de su matrimonio con una mujer, de manera que su relación con ella “no podía ser sincera”.

"SENTENCIA BIFÓBICA"

“Se trata de una sentencia completamente bifóbica que niega directamente la existencia de la bisexualidad al ni siquiera considerarla una opción”, explicó Sangil, quien reivindicó la importancia de la aprobación “urgente” de una "ley integral trans y de igualdad social y no discriminación de las personas Lgtbi" para “garantizar” la formación de la judicatura en esta meteria y “evitar sentencias motivadas por el desconocimiento”.

Según Sangil, esta resolución abre la posibilidad de volver a motivar los divorcios “fiscalizando el comportamiento sexual previo y posterior de las personas implicadas”. “Estamos ante una sentencia más religiosa que civil que considera la orientación sexual no normativa como fuente de sanción legal”, sentenció, al tiempo que lamentó que esta circunstancia no solo atenta contra los derechos de las personas Lgtbi, sino también de las heterosexuales, al “posibilitar la entrada del sistema judicial a ámbitos privados de una forma intolerable”.