Ambas hicieron esta petición tras reunirse este lunes con varias entidades y asociaciones del colectivo gitano en la Comunidad de Madrid.

Las asociaciones gitanas les entregaron un documento en el que se analiza la situación del pueblo gitano ante la pandemia de Covid-19, con diferentes medidas y propuestas de actuación.

Por su parte, las diputadas socialistas expusieron a los representantes del pueblo gitano el trabajo de su grupo para conseguir que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso no utilice la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir las prestaciones regionales de la Renta Mínima de Inserción (RMI) sino que actúe para que ambas ayudas sean compatibles y complementarias, reforzando de esta manera los mecanismos para luchar contra la exclusión social.

A juicio del PSOE, la Covid-19 "sólo ha venido a agravar aún más la situación de precariedad que sufre este colectivo". En efecto, añadieron, la situación de partida de la población gitana es de "una gran incidencia de la pobreza, con el 86% de la población por debajo del umbral de la pobreza, un 46% de hogares en extrema pobreza y una tasa del 89% de pobreza infantil".

Además, las restricciones en la movilidad y el comercio castigan de manera aún más acusada a este sector de la población, dijo Sánchez Acera, quien se mostró “especialmente preocupada por la situación de las personas que se dedican a la venta ambulante, muy afectados por el cierre coyuntural de los mercadillos”. “Las personas que encuentran en este ámbito el grueso de sus ingresos están pasando serias dificultades”, destacó.

Tras mostrar su preocupación por la situación de los niños y niñas gitanos, ambas reclamaron al Gobierno regional que haga un “seguimiento especial de la población gitana escolarizada, poniendo los medios necesarios para que la brecha digital no incremente aún más la brecha educativa”

“No nos podemos permitir que los casi 170 millones de euros que ahora se dedican a la RMI en esta región se dejen de invertir en la lucha por la inclusión social”, indicó Causapié, quien instó al Gobierno regional y al consejero de Políticas Social a que se comprometan a mantener esa cantidad en "complementar económicamente el IMV, así como en reforzar a las entidades sociales que hacen seguimiento de estas personas perceptoras y fomentan su empleabilidad”.