Así lo desvela el estudio ‘Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) para analizar la percepción de la violencia de género y los servicios de atención a las víctimas en el medio rural y que ha sido presentado este viernes en un acto que contó con la presencia de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la presidenta de Fademur, Teresa López.

El estudio analiza la situación en municipios de hasta 20.000 habitantes de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja y en total se llevaron a cabo 167 encuestas a mujeres del medio rural, 333 encuestas a profesionales y 23 entrevistas en profundidad a mujeres víctimas y usuarias de servicios de atención a víctimas.

Durante su alocución, la secretaria de Estado de Igualdad defendió que la elaboración de este tipo de estudios que aportan “datos rigurosos” permite acertar “más y mejor en las políticas contra las violencias machistas”, un problema que, a su juicio, “es necesario mirar de frente para atajarlo mejor”.

“En el medio rural hay condiciones muy específicas que influyen negativamente en la lucha contra las violencias machistas”, denunció, al tiempo que lamentó la percepción de que esta forma de violencia “es algo que se da en el ámbito familiar y privado”, tal y como perciben “habitualmente” las mujeres rurales, cuando, a su entender, es “violencia estructural que nada tiene que ver con lo privado y lo que pasa entre cuatro paredes”.

20 AÑOS

El estudio señala que, en general, estas víctimas viven en entornos donde predominan los modelos patriarcales, las creencias sexistas y discriminatorias de género y casi todas las mujeres entrevistadas han permanecido en las relaciones de maltrato durante una media de 20 años por razones que Vera atribuyó, en buena medida, a la dependencia económica que, dijo, “se da con más arraigo donde la igualdad de oportunidades es inferior y no pueden romper con el ciclo de maltrato”.

La secretaria de Estado se mostró “muy consciente” de que la pandemia “ha agravado esta situación”, por lo que llamó a tenerlo “muy en cuenta a la hora de plantear un nuevo proyecto de país” que, según su punto de vista, “tendrá que ser con todas las mujeres, también con las mujeres rurales en toda su diversidad” con el fin de “erradicar” esta lacra.

A este respecto, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género recordó que, según la investigación, todas las mujeres víctimas consultadas han sufrido violencia psicológica como principal forma de agresión, seguida de la física (78,26%) y la económica (56,52%), mientras que violencia sexual se ha identificado en un 39,13% de las mujeres víctimas y la ambiental, en un 34,78%.

Por ello, el estudio urge a aumentar los recursos especializados en violencia de género, agilizar los trámites de divorcio o separación, mejorar la atención de las casas de acogida así como la coordinación entre recursos para evitar su “re-victimización” y asegurar su “accesibilidad a los servicios de atención integral y protección”, remachó, al tiempo que sentenció que la investigación es “un paso más en la erradicación de las violencias machistas” y valoró que “da voz y la palabra a las víctimas de violencia que viven en el mundo rural”.

PROFESIONALES

Junto a ellas, también otorga protagonismo a los profesionales que las atienden, más de un 64% de los cuales ha asistido a mujeres de entre 25 y 50 años de edad; un 4,7%, a mujeres mayores de 70 años y un 3%, a menores de 15 años y sólo el 48,91% valora como “fluida” la coordinación entre los diferentes recursos.

Entre las deficiencias que observan en los servicios prestados en sus centros, denuncian falta de personal especializado, horarios limitados, falta de acondicionamiento de los centros o de accesibilidad.

Según precisó la presidenta de Fademur, Teresa López, el estudio “aporta luz” en la lucha contra la violencia de género en el mundo rural, que se produce en una situación de “especial vulnerabilidad” de las mujeres de este entorno, por lo que juzgó “indispensable” la perspectiva de la “ruralidad” a la hora de diseñar y aplicar políticas y acciones “realmente efectivas” en este ámbito a través de “respuestas adaptadas y accesibles”.

En este sentido, puntualizó que el estudio propone incluir de manera “transversal y sistemática” en el currículo escolar los contenidos relacionados con igualdad y prevención de la violencia en todas sus formas y adaptar las campañas de sensibilización a la “realidad” de las mujeres rurales, incluyendo una visión “más global y estructural” de la violencia de género.

Además, insta a aumentar el número de centros y recursos especializados teniendo en cuenta la realidad rural, a mejorar la formación especializada de los profesionales, elaborar protocolos de colaboración interinstitucional y profundizar en la investigación sobre la violencia ejercida contra menores de 25 años, mayores de 60 o las cometidas contra colectivos especialmente vulnerables que, “en demasiadas ocasiones”,según López, "se sienten solas, abandonadas e impotentes por la ignorancia de la propia sociedad”.