“La protección de la infancia frente a la pobreza debería ser una prioridad de todas las Administraciones Públicas, y este año más que nunca invertir en la infancia es fundamental”, ha explicó el director de la plataforma que aglutina a las ONG de infancia, Ricardo Ibarra.

Y es que España cuenta con la segunda tasa más alta de pobreza infantil de la Unión Europea por detrás de Rumanía, un mal que se ha mantenido incluso en las épocas de bonanza económica y que alarma a Naciones Unidas, como dejó patente el relator especial Philip Alston.

En 2019, la tasa Arope, que indica el riesgo de pobreza o exclusión social, mostraba que la pobreza infantil en España era de un 30,3%. Esta situación se agrava con la tasa de abandono escolar más alta de Europa (un 17,3%) y unas tasas de repetición y fracaso escolar que se concentran en los niños y niñas con menos oportunidades.

“La pobreza infantil en España es estructural”, alertó la Plataforma de Infancia. Además, la crisis del coronavirus “está teniendo un impacto negativo en la vida de muchos niños, niñas y adolescentes a día de hoy y para toda la sociedad a largo plazo”.

Por tanto, es preciso “invertir en la lucha contra la pobreza infantil”, que es “invertir en justicia y equidad, pero también en crecimiento económico”, agregó Ibarra.

Además, la pobreza se hereda en España, por lo que urge “romper el ciclo de la transmisión generacional de la pobreza”.

En este sentido, las ONG pidieron que el Ingreso Mínimo Vital se amplíe a otros colectivos desfavorecidos que quedan excluidos o que sea compatible con la prestación por hijo a cargo.

Desde la plataforma aprovecharon para recordar que “es necesario regular las bajas laborales para padres y madres cuyos hijos e hijas se encuentren en cuarentena, independientemente de si el motivo es por padecer la enfermedad o por haber estado en contacto con una persona que haya dado positivo en coronavirus”.

También pidieron priorizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas en condiciones de igualdad y poner el foco en la equidad educativa con medidas como el “aumento progresivo de la oferta de plazas públicas en educación infantil”.

Por último, la Plataforma de Infancia plantea como necesidad un aumento del gasto público en becas y ayudas al estudio, tanto en forma de becas-salario, becas-comedor o ayudas dirigidas a evitar la brecha digital.