El decreto fue aprobado por 187 votos a favor (118 de ellos telemáticos), 154 en contra (124 telemáticos) y 7 abstenciones (6 de ellas telemáticas). Hubo 100 diputados presentes en la votación y se recopilaron otros 248 votos de forma telemática. Habrían votado en contra los diputados de PP, CS, Vox y UPN, que lo indicaron durante el debate.

Durante la defensa del decreto en el Hemiciclo, la ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, aseguró que el texto incluye un conjunto de medidas “debatidas y tratadas en profundidad con las comunidades autónomas” y que da respuesta a los problemas planteados por los consejeros, dando “soporte a diversas cuestiones para un mejor desarrollo del curso” en plena pandemia.

Según explicó, el decreto permite “de manera excepcional y temporal” contratar profesores aunque no hayan cursado el máster específico y sí tengan adquiridas el resto de competencias, y en el caso de que se agotasen las listas de interinos y de demandantes de empleo con el título en la comunidad autónoma que corresponda.

Asimismo, según el decreto, “autonomías y centros podrán adaptar sus programaciones didácticas y se autoriza a las administraciones educativas a que puedan adaptar los criterios de evaluación y promoción y la obtención de títulos" a finales de etapa en ESO, Bachiller y FP.

“Los equipos docentes en ejercicio de su profesionalidad evaluarán de manera colegiada y global si se han alcanzado los objetivos de cada etapa y los de esos procesos”, subrayó la ministra. “Se titulará tras adquirir los objetivos generales de la etapa. Afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso”, sentenció.

"Impulsamos más esfuerzo y no menos", revindicó, en referencia a las medidas del decreto sobre alumnos y del conjunto del sistema.

El decreto también suprime las evaluaciones de final de etapa de Primaria y Secundaria y apunta a que "se considerarán días lectivos todos en los que se preste apoyo educativo al alumnado, sea presencial o a distancia".

CENTROS PRIVADOS Y FP

La normativa también contempla que "los centros privados no universitarios pueden encontrarse con dificultades para reforzar sus plantillas" y que puede haber problemas para las prácticas en empresas para alumnos de FP. "Se podrá reducir el módulo de formación en centros de trabajo, respetándose el mínimo de horas establecidas en cada caso. Y si no hay alternativa viable, se podrá sustituir esas prácticas por actividades asociadas al entorno laboral, o integrarse en el proyecto", indicó la ministra, que concluyó que "el principio de necesidad ha quedado justificado" y que "mientras dure la pandemia debemos asegurar una base normativa, evitando que nadie se quede atrás y garantizando los aprendizajes".

Durante el debate, el diputado del Grupo Popular Óscar Clavell recomendó a Celaá irse "al rincón de pensar" y la contradijo: "No se ha consensuado, ni siquiera con los sindicatos". El parlamentario también aventuró que "cada comunidad autónoma hará lo que quiera" y que el decreto adelanta la bajada de nivel que cree que vendrá con la reforma educativa, una ley "ideológica y sectaria"."Están enseñando sus cartas", dijo a los socialistas.

Diputados de otros grupos también criticaron la falta de consenso de la norma, como la diputada de Ciudadanos, Marta Martín: "Ustedes van por la vía fácil. Necesita una reforma profunda y pactada". "No han hablado con los afectados, ni con la Conferencia Sectorial ni con los sindicatos. Es autoritarismo", zanjó. No obstante, Martín también recibió críticas del diputado de Unidas Podemos Joan Mena, porque según él es Ciudadanos quien no quiere el diálogo y se alía con la ultraderecha.