Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido estimar los recursos presentados por la Fiscalía y por la Asociación Preeminencia del Derecho contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid de rechazar la querella contra Álvarez-Cascos, según consta en un auto hecho público hoy.

La querella hacía referencia a las declaraciones realizadas en abril de 2010 por el candidato a la Presidencia del Principado de Asturias en las que aseguró que detrás de la investigación policial del “caso Gürtel” estaba “una camarilla policial” que se dedica a “falsificar papeles y preconstituir pruebas” en contra del PP.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid rechazó el pasado 6 de julio iniciar una investigación contra Álvarez-Cascos al entender que no estaba “debidamente justificada la perpetración de los delitos de calumnia e injuria”.

En contra de este criterio, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid considera que las expresiones de Cascos, “dirigidas a un grupo de policías que están llevando a cabo una investigación, sin duda pudieran indiciariamente ser consideradas como injuriosas”.

El auto dictado por la Audiencia Provincial subraya que el ex vicepresidente del Gobierno acusó a los policías que investigaron la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa de “estar falsificando papeles” y dedicarse “a intentar preconstituir una prueba falsa”. Todo ello “afecta al crédito que merecen los agentes de la policía”, aseguran los magistrados.

Por todos estos motivos, la Sección Séptima ordena al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid “iniciar la instrucción tomando declaración al denunciado”. Álvarez-Cascos deberá, por lo tanto, personarse en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para prestar declaración como imputado ante el juez.

DOS AÑOS DE PRISIÓN

Uno de los impulsores de esta querella es el letrado José Luis Mazón, uno de los artífices de la causa penal abierta en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por las subvenciones que el Banco Santander otorgó a los cursos que el magistrado impartió en Nueva York en los años 2005 y 2006.

La denuncia hacía referencia al artículo 205 del Código Penal, que establece como un delito de calumnias “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, una figura delictiva castigada con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.

Tras la estimación del recurso y el inicio de la investigación, la Asociación Preeminencia del Derecho, artífice de la querella, ha decidido apartarse del caso para que la acusación contra Álvarez-Cascos sea ejercida por la Fiscalía y por los policías afectados.