En concreto, el estudio afirma que de 75.000 personas en riesgo de explotación sexual -así definidas por el Gobierno, a partir de investigaciones policiales, no de meros indicios- sólo 1.000 obtuvieron finalmente protección policial por este motivo entre 2013 y 2019.

De las 2.834 víctimas potenciales o en riesgo del 1 de enero al 18 de julio de 2019, solamente 42 fueron identificadas formalmente como tales, según datos de la Dirección General de la Policía. En 2018 sólo lo fueron 128 de 9.135, seis de ellas menores, y en 2017, 155 de 10.110.

Bajo el título ‘Cadenas Invisibles’, el informe denuncia "graves fallos a lo largo de todo el proceso" y lamenta que ”a las autoridades españolas parece no importarles la protección de las víctimas”.

Dan prioridad al control migratorio y a la persecución del delito, por lo que las víctimas son “vistas como pruebas en el caso”, agrega el trabajo que se publica hoy con motivo del próximo Día Europeo Contra la Trata, el 18 de octubre.

MENORES

Según Amnistía, resulta especialmente preocupante la falta de mecanismos de identificación y protección en las costas, así como la ausencia de atención específica para menores. "Entre policía y fiscalía se pasan la pelota de qué hacer en caso de que las menores se hagan pasar por mayores de edad”, criticó Amnistía.

Agregó que su consideración como adultas, así como la falta de informes completos, “dificulta mucho la intervención y el seguimiento de sus necesidades". "Lo mismo sucede con los niños y las niñas que viajan solos: faltan recursos e implicación de los servicios de atención a menores".

Entre enero y junio de 2019, llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas migrantes no acompañados y solamente 10 de ellas fueron identificadas como víctimas de trata. Del mismo modo, sólo 3 niños fueron clasificados como víctimas de trata de 2014 a 2017 y todos ellos en el año 2014. En Andalucía, uno de los principales lugares de entrada a España, sólo se identificaron 41 víctimas de trata.

PRIMER PASO

Virginia Álvarez, autora de la investigación y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, explicó que "la identificación resulta fundamental para proteger a las víctimas de trata y garantizar que reciben asistencia, acceden a la Justicia y obtienen reparación”. “Si primero no se detecta a las posibles víctimas, los siguientes pasos son inexistentes", insistió.

Sin embargo, esta detección de víctimas de trata recae exclusivamente en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -en concreto, en las unidades encargadas de la persecución del delito-, lo que supone que no siempre se garantiza un enfoque de género y protección de derechos humanos.

FALTA DE APOYOS

A muchas víctimas se les detiene por su condición de migrantes irregulares y, en general, se olvida que “son personas que necesitan protección”.

Según Amnistía, el período de 90 días de “restablecimiento” que la ley prevé para que una victima decida si quiere denunciar, se utiliza en la práctica para presionarle de cara a que testifique.

“Te dan el decreto de expulsión junto con la reflexión, si no denuncias, la orden de expulsión se reactiva", asegura María, superviviente de trata” y trabajadora en una ONG que ayuda a otras mujeres.

Fue captada en Brasil con el engaño de ofrecerle trabajo de limpieza y de cuidado de niños en España. Huyó de sus tratantes gracias a una organización, no porque fuera reconocida por la policía. “Un día, cuando iba andando por la calle, la policía vino hacia mí. Me tiré debajo de un coche, tenía miedo porque la policía sólo iba buscando inmigrantes irregulares”. No creían que fue forzada a la prostitución.

Alika (nombre ficticio) acudió a la policía tras recibir una paliza en plena calle, pero no se activó ningún mecanismo de protección. Fue captada en Nigeria cuando tenía 18 años y una semana después de llegar a España, le obligaron a prostituirse para devolver la deuda contraída.

“La policía me empezó a preguntar, no creían lo que les contaba. Una agente me dijo que si no decía la verdad me deportarían. Les dije que no quería hablar porque no quería morir, habían amenazado también a mi familia”.

Esta mujer nigeriana de 27 años denuncia que las investgaciones contra la trata terminan muchas veces con la detención de las propias víctimas por su situación administrativa.

Por todo ello, el director general de AI España, Esteban Beltrán, recordó a las autoridades que “tienen la obligación de proteger a todas las víctimas con independencia de su estatus migratorio y de su capacidad para colaborar en la persecución del delito”.

En su opinión, “falta un mecanismo multi-agencial de detección temprana y una coordinación adecuada entre los diferentes mecanismos implicados” ."Como consecuencia de ello, muchas posibles víctimas se pierden por el camino y los traficantes están esperándoles en esos lugares de tránsito", concluyó.