Así lo confirmaron este viernes fuentes del departamento de Alberto Garzón, que precisaron que son dos de las “principales claves” de la futura reforma del Código PAOS, un sistema de autocontrol por parte de las empresas para regular la publicidad de alimentos destinada inicialmente a menores de 12 años y cuya actualización también incluye la limitación de la publicidad a aquellos catalogados con los códigos A y B en el sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score, que identifican a los alimentos muy saludables y saludables, respectivamente.

La ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se crea este sistema de autocontrol, establece que las medidas de regulación de la publicidad sean acordadas “voluntariamente” por la industria alimentaria, razón por la cual el trabajo para mejorar el Código PAOS está siendo “acordado y consensuado” con el sector, según el Ministerio.

No obstante, el departamento de Garzón puntualizó que el artículo 46 de la citada ley permite también que, en caso de no llegar a acuerdos de “corregulación” sobre el código de conducta, sea el Gobierno quien establezca, por vía reglamentaria, las normas que regulen este tipo de comunicaciones comerciales para garantizar la protección de la infancia y la juventud, así como los medios para hacerlas efectivas.

Este anuncio llega después de conocer que el 23,3% de la población infantil española de seis a nueve años tiene sobrepeso y el 17,3%, obesidad, según el Estudio Aladino 2019, presentado el 30 de septiembre y que arroja unas “cifras alarmantes” en cuanto a la mala nutrición de los niños de España, a juicio de Consumo, que denunció que cuatro de cada diez escolares tienen exceso de peso.

Para atajar esta problemática, el gabinete de Garzón tiene previsto presentar a finales de año un real decreto ley que permita implantar en 2021 en España el sistema de etiquetado Nutri-Score, que facilitará, mediante un código de colores, la identificación rápida de la calidad nutricional de un producto.

Ambas iniciativas forman parte de una propuesta “integral” de regulación de la publicidad de alimentación que reciben los menores en la que trabajan el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y que también incluye un paquete de incentivos fiscales para promover el consumo de alimentos saludables y “desincentivos” para reducir el de aquellos menos sanos.