Según dijo en su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Senado, el 17% del alumnado con discapacidad desarrolla su formación en colegios de educación especial “de manera segregada y exclusiva”, frente al 83% que lo hace en “sistemas inclusivos”.

A su juicio, estos datos “están muy lejos de las tasas de escolarización de alumnos con discapacidad en el sistema inclusivo de otros países europeos, como por ejemplo Portugal”, por lo que abogó por una mayor inclusión del alumnado con discapacidad de forma normalizada y contando con los apoyos necesarios.

En esta línea, apostó por la “promoción de la cultura de inclusión en la enseñanza general” con “evaluaciones individualizadas, basadas en las necesidades educativas y los ajustes necesarios” y prestar “apoyo a los docentes” para la inclusión de estos estudiantes.

Además, señaló que se debe respetar “la diversidad” para “garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad”.

Asimismo, recordó que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU instó a España a adoptar las “medidas pertinentes para considerar la educación inclusiva como un derecho”, de forma que “los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general”.

Mencionó también el proyecto de modificación de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, que ha incluido “la famosa disposición adicional que tanto incomoda a algunos, que lejos de cerrar los centros de educación especial, propone que las administraciones educativas velen para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna” con los “recursos necesarios”.

No obstante, mostró su apoyo a los centros de educación especial, “teniendo en cuenta la elección del sistema más adecuado para cada alumno y la conexión entre centros especiales y ordinarios”.