“Debemos hacer más esfuerzos para dotar al medio que nos rodea de las herramientas, los apoyos o las medidas que supriman las barreras; unos impedimentos que, en definitiva, nos afectan a todas y a todos, no sólo a las personas con discapacidad”, manifestó el vicepresidente en su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Senado.

En este sentido, defendió que “España necesita urgentemente un Plan Nacional de Accesibilidad”, por lo que se comprometió a retomar los trabajos para relanzar un segundo plan, ya que el primero caducó en 2012.

Según dijo Iglesias, en 2016 se comenzó a trabajar en un borrador para un segundo plan para “implantar de forma efectiva la accesibilidad universal, impulsar el desarrollo de la regulación normativa y la investigación y la difusión del conocimiento en la materia”, un borrador que pretende materializar en una estrategia efectiva.

Por tanto, “en los próximos meses” comenzarán los trabajos de cara al nuevo Plan Nacional de Accesibilidad que, precisó, “exige la publicación de un Real Decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público”.

También informó de que su Vicepresidencia están trabajando en la trasposición de la directiva del Parlamento Europeo sobre accesibilidad, que establece requisitos de accesibilidad en cajeros automáticos, las máquinas de facturación o ‘vending’, libros electrónicos, webs o terminales de servicio interactivos, entre otros.

“Se trata por tanto de eliminar y evitar los obstáculos a la libre circulación de estos productos y servicios, con lo que se mejoraría su disponibilidad en el mercado interior y aumentaría la accesibilidad de la información pertinente”, destacó Iglesias.

Concluyó con un alegato a la accesibilidad universal: “en definitiva, señorías, es necesario un nuevo marco estatal en accesibilidad que, siendo lo más universal posible, aborde este concepto en su máxima extensión, la accesibilidad física, la sensorial y la cognitiva, y se aplique en todos los bienes, servicios y productos posibles en el campo de la educación, el empleo, las relaciones con las administraciones, el transporte, la tecnología, el deporte, la cultura, el ocio, el turismo o la economía”.