Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, una de las dos resoluciones aprobadas fue presentada junto con Alemania sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, centrada en el acceso a los servicios públicos en los espacios públicos, una cuestión vinculada a la lucha contra el coronavirus.

La otra resolución versa sobre la promoción y protección de derechos humanos de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y postconflicto, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Al margen de las resoluciones promovidas por España, cabe también destacar las adoptadas sobre la realización de los derechos del niño en un medioambiente saludable, sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la seguridad de los periodistas, sobre el pleno disfrute de los derechos humanos de mujeres y niñas en contextos humanitarios, sobre instituciones nacionales de derechos humanos o sobre la contribución del Consejo a la prevención de las violaciones de derechos humanos.

Por su parte, el Consejo celebró un debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, fruto del cual se adoptó una resolución presentada por la UE.

También examinó la situación de los derechos humanos en Yemen, Venezuela, Burundi, Siria, Filipinas, Somalia, República Democrática del Congo y República Centroafricana, adoptándose las correspondientes resoluciones por cada uno de dichos países.

Al mismo tiempo, el Consejo formuló declaraciones, que fueron suscritas por un “cierto número” de países, entre ellos España, sobre Arabia Saudí, Irán y Myanmar.

A su vez, España participó en los diálogos y debates que han tenido lugar durante las tres semanas que ha durado la 45ª sesión del Consejo, como la sesión dedicada a la pandemia del coronavirus, el panel anual sobre los derechos de los pueblos indígenas y el referido a la integración de la perspectiva de género en el trabajo del propio Consejo y de los mecanismos que lo conforman.

Por último, el Consejo nombró a nueve titulares de procedimientos especiales, uno de los cuales es español por primera vez en la historia: Pedro Arrojo, designado relator especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.