A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, el jefe de la oposición urgió a Sánchez a cesar a Iglesias cuando “la Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos”. El PP en bloque reforzó este mensaje de Casado y reclamó por las redes sociales la dimisión del vicepresidente o la destitución por parte del presidente del Gobierno.

Poco después, en rueda de prensa telemática, el secretario de Justicia del PP, Enrique López, consideró que el vicepresidente segundo del Gobierno “está a las puertas de ser imputado” por el Tribunal Supremo como consecuencia de unos hechos “de extrema gravedad” que la Audiencia Nacional ha relatado en una exposición razonada y que implicarían “un engaño a la Justicia”.

Se pronunció en estos términos después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevase una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham.

“GRAVEDAD INUSITADA”

López aludió a este hecho de “una gravedad inusitada” porque es “la primera vez en nuestra democracia” en la que la que ha sido propuesta la imputación del vicepresidente del Gobierno del Reino de España en el ejercicio de sus funciones por existir “indicios racionales de criminalidad respecto a hechos que se consideran muy graves por parte de la Audiencia Nacional”.

“Estamos ante hechos de una gravedad que exige que o bien el presidente del Gobierno cese al vicepresidente o que él mismo dimita y se someta ya a la acción de la Justicia”, aseveró López, abundando en que “hoy Pablo Iglesias estaría imputado si no fuera como consecuencia del aforamiento” que posee.

El secretario de Justicia del PP recalcó que se está “hablando de un plan consciente y planificado con una actuación plenamente falsaria para simular la comisión de un delito y atribuírselo a un Gobierno del PP precisamente para poner en cuestión su imagen ante la opinión pública”. “¡Cuando él era consciente de que los hechos que estaba denunciando eran falsos!”, enfatizó.

En este punto, y tras participar en la reunión que tuvo este mediodía Casado con los exministros de Justicia Ángel Acebes, José María Michavila, Alberto Ruíz Gallardón y Rafael Catalá, quiso “felicitar” al primero por “su reciente absolución y exoneración” en el ‘caso Bankia’ pues se vio durante años arrastrado por un procedimiento “sin que tuviera vinculación alguna con los hechos objetos de la causa penal”.

Esto se une, prosiguió el secretario de Justicia de los populares, a “otras acusaciones falsas que ha sufrido el PP y miembros del PP que ponen precisamente de manifiesto la gran necesidad que tenemos en estos momentos de reforzar no sólo la independencia del Poder Judicial”, sino también “la imagen del Poder Judicial”.

“CUESTIONAR AL JUEZ”

López también comentó que “ya estamos acostumbrados a que desde Podemos, cuando se ven concernidos en un proceso penal tratan siempre de cuestionar al juez que adopta esa resolución o al tribunal”. Así lo dijo después de que fuentes de Podemos asegurasen a Servimedia que "no dan crédito" a la decisión del juez cuando la propia Audiencia pidió al juez hace dos semanas que le devolviera la condición de perjudicado.

El secretario de Justicia del PP recalcó que “lo que dota de especial gravedad a este hecho es la claridad de la exposición razonada”, con “un relato exhaustivo” de hechos que hacen que “Iglesias hoy estaría imputado de no estar aforado”. Preguntado por la diferencia con el caso que afectó a Acebes, sostuvo que el exministro “fue llevado a un procedimiento como consecuencia del ejercicio abusivo de la acusación popular y en contra del Ministerio Fiscal”.

Además, subrayó como “algo muy importante” que “el señor Acebes cuando fue llevado a un procedimiento no era miembro de ningún gobierno, ni vicepresidente, ni ministro, ni ocupaba ningún cargo público”. En estos momentos, remarcó, Iglesias es vicepresidente y se le atribuyen “hechos gravísimos” que comprometen “seriamente” su imagen.

“El vicepresidente segundo está a las puertas de ser imputado por el Tribunal Supremo como consecuencia de unos hechos que la Audiencia Nacional ha relatado en esa exposición razonada y que son de extrema gravedad”, insistió, refiriéndose a que “uno de ellos afecta a la intimidad de una persona con el agravante de género, otro afecta a daños informáticos y el tercero afecta a un engaño a la Justicia”. “Y esto en un cargo público es absolutamente gravísimo y denota una falta absoluta de respeto al Poder Judicial”, se reafirmó.

CÓDIGO ÉTICO

Previamente, en declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, pidió a Iglesias que “se aplique el código ético de Podemos y dimita”. “No le pido otra cosa y ni voy a hacer otro juicio porque respeto abiertamente el Estado de Derecho y no somos como ellos, no nos lanzamos en jauría a destruir las presunciones de inocencia como hace Iglesias”, añadió.

Eso sí, le reclamó de nuevo que “se aplique el código ético” de Podemos y en “coherencia” consideró que “le toca dimitir”. “Si no dimite, Sánchez le tendría que cesar”, opinó Almeida, aunque dijo que espera que él mismo se vaya “en un ejercicio de coherencia con su código ético que dice claramente que si es imputado por un delito de estas características tiene que dimitir”.

Posteriormente, a través de su perfil oficial de Twitter, Almeida compartió un documento de Podemos y subrayó “el punto G”, relativo al “compromiso de renuncia al cargo público” en el caso “de ser imputado, procesado o condenado por faltas y delitos” que entre otros incluirían la corrupción. “Señor Iglesias, le recuerdo su punto G”, espetó el alcalde al vicepresidente.

Podemos estableció en sus orígenes el compromiso de renuncia al cargo público en caso de ser imputado, procesado o condenado por una serie de delitos, entre ellos los relativos a la corrupción, pero en el documento ético aprobado por la Asamblea Ciudadana del pasado mes de mayo ya no figura el término "imputado".

El redactado actualmente vigente establece "el compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras".